Pocas acciones de política pública pueden tener tanto impacto positivo en el desarrollo de un país como la promoción de la inversión en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), pues éstas cumplen al menos tres roles:

1. Como bienes de capital, contribuyen al crecimiento y desarrollo económicos.

2. Como sector productivo, enriquecen el capital humano y físico.

3. Como insumos de otros sectores, constituyen infraestructura indispensable que facilita aún más inversión.

Diversos estudios apuntan a que dos terceras partes del crecimiento experimentado por Estados Unidos en la década­ de los años 90 (la mayor expansión económica que ha experimentado ese país) se debe a innovaciones en TIC. Pero más allá del impacto coyuntural que las TIC puedan generar, la adopción de éstas genera beneficios en el largo plazo a las economías que las adoptan oportunamente.

De la misma manera como las economías del mundo gozaron de importantes crecimientos de productividad al introducir infraestructuras como el telégrafo (Inglaterra Victoriana) o el ferrocarrill (Estados Unidos en el siglo XIX), la adopción tardía de estas tecnologías contribuyó a incubar en países como México la brecha de desarrollo -entendida como la diferencia entre diferentes países en cuanto al ingreso disponible per cápita y el acceso a satisfactores.

Valor intertemporal del espectro radioeléctrico

En días recientes se abunda la discusión mediática si el precio que se paga por las licitaciones de espectro es bajo o alto. Si es alto se argumenta que ese costo se transferirá directamente al usuario final y en caso de ser relativamente inferior, se favorece al operador que resulta ganador.

Incluso, aún existen algunos que confunden el objetivo del gobierno de licitar espectro como si fuese meramente recaudatorio, olvidando por completo los beneficios de una asignación eficiente que retorne todas las bondades de las TIC descritas anteriormente.

Así, el precio de asignación del espectro es el equivalente a los derechos de concesionarlo y su valor se obtiene de los derechos anuales que pagan los operadores, incluyendo toda la escalera fiscal a la cual están sometidas estas empresas, es decir, a mayor explotación del espectro radioeléctrico, mayor será la recaudación por impuestos como el IVA, ISR, derechos anuales, y el abominable IEPS. Y todo esto sin considerar aún el flujo de beneficios de productividad, competitividad y bienestar que su uso genera.

El rol del Estado

En un sector donde los retornos de inversión se dan en plazos largos y donde el cambio tecnológico es vertiginoso y necesario para el resto de la economía, no existe mejor rol del Estado que ser promotor de mayores niveles de inversión y competencia por parte de los actores privados.

Si bien en el corto plazo la licitación de concesiones para la explotación de un bien propiedad de la nación (el espectro radio eléctrico) puede generar un beneficio de ingresos para el gobierno, mismo que puede buscar maximizarse. Esa meta puede, sin duda, estaría en conflicto directo con la meta de incrementar el bienestar de la sociedad, pues al aumentar la disponibilidad de espectro, la concentración de la industria tiende a decaer al haber mayor competencia y el beneficio social se incrementa.