El Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado por la Cámara de Diputados trae severos recortes, tal parece que el Ejecutivo federal sólo podrá sufragar sus gastos de operación. Por el momento, las grandes obras de infraestructura deberán esperar su turno para obtener financiamiento por parte del gobierno.

La situación económica nacional exige de la innovación del gobierno federal para atraer la inversión privada a los proyectos públicos.

Aunque existe una legislación que constriñe a los proyectos a ciertas reglas especiales, los inversionistas se manifiestan reticentes por los altos costos administrativos que implica el someterse a tramitología del gobierno federal. Y es que además de someterse a los procesos de adjudicación, deben de cumplir con todas las normas específicas que los proyectos requieren, uso de suelo, fiscalización, estados de cuenta auditados, etcétera.

Existe un avance sobre las reglas para la inversión privada en los proyectos públicos, ya sea a través de las fibras educativas o de asociaciones público privadas, pero el campo sigue siendo tan novedoso como incierto.

El proyecto más importante en materia de telecomunicaciones, la red compartida , pretende organizarse a partir de una asociación-publico privada. El gobierno ha anunciado que se con este proyecto se atraerá una inversión privada de 10,000 millones de dólares en los próximos años, mientras que el gobierno aportará los inmuebles públicos para la instalación de la red de telecomunicaciones y el espectro radioeléctrico.

En los próximos meses, se podrían concretar otros proyectos público privados. El área inmobiliaria del gobierno federal es una buena oportunidad partiendo que existen 100,000 inmuebles federales, que albergan diferentes funciones públicas, y que no se cuenta con suficientes recursos para mantenerlos en condiciones óptimas.

Los proyectos de inversión público privada parecen también una buena oportunidad para que el gobierno deje de rentar oficinas, a través del arrendamiento con opción a compra y romper este círculo vicioso que le cuesta al gobierno federal la friolera de 2,000 millones de pesos anuales.

La disciplina presupuestal del gobierno federal impone retos a los funcionarios públicos para atraer recursos que les permitan financiar los proyectos públicos, y con ello, dotar a los servicios públicos con la calidad y oportunidad que demandan los ciudadanos.

@ErosalesA