El juez rector del concurso mercantil, Felipe Consuelo está acercándose peligrosamente a la posibilidad de que se le finquen responsabilidades por parcialidad en su actuación al frente de la rectoría de Mexicana de Aviación.

También por el probable incumplimiento de la normatividad relacionada con la prevención de lavado de dinero, al dar fe de la presunta existencia de los recursos con los que saldrá de la insolvencia la octogenaria aerolínea.

El Consejo de la Judicatura Federal recibió una denuncia de los principales acreedores de la aerolínea y, en una reacción extraordinaria, la institución calificó el caso de grave.

Acreedores, dedo flamígero

Las quejas de los acreedores se basan en la suspensión indefinida del concurso mercantil, entre otros argumentos.

Y de proceder, las acusaciones podrían derivar en la remoción del juzgador.

Acusan al Juez de parcialidad. Es decir, los abogados de tres de los más importantes acreedores: Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) y Banorte sostienen que Felipe Consuelo incurrió en la violación del principio general de imparcialidad.

La probable parcialidad del Juez podría ser motivo para su remoción y eventualmente podrían fincársele responsabilidades.

Es público el video en el que se escucha al juzgador ofrecer a los trabajadores todo su apoyo. La ley prevé sanciones para los jueces que asesoren a una de las partes en juicio.

Y otro tema que podría llevar al Juez al banquillo de los acusados es su probable incumplimiento de la legislación y reglamentación en torno del lavado de dinero.

Consuelo ha declarado pública y abiertamente que él tiene la certeza de la existencia y procedencia lícita del dinero que ofreció Med Atlántica, encabezada por Christian Cadenas.

Gerardo Badín, al relevo

Mientras que tales acusaciones penden sobre la figura del rector del concurso mercantil, el administrador-conciliador, Gerardo Badín, ha salido en las últimas horas al relevo del micrófono. Parece una estrategia mediática perfectamente sincronizada. Al principio de esta historia, habló el administrador-conciliador; posteriormente salió el Juez y más tarde el inversionista.

A partir del pasado 24 de febrero, cuando el Juez anunció que el inversionista Cadenas contaba con los recursos, este último dio entrevistas en algunos medios para posteriormente desaparecer de la escena.

Lo relevó el juez Consuelo, con una serie de expresiones que han sido desmentidas tanto por la SCT como por Bancomext.

Y de unos días a la fecha, el administrador conciliador -que se había mantenido al margen por un tiempo- tomó la estafeta ante los medios. Badín ha salido a decir que todo lo que se haga en aras de conseguir que Mexicana de Aviación vuelva a volar será bienvenido.

En reacción al nombramiento del interventor White and Case, se ha manifestado sorprendido.

¿Porqué lo nombran ahora?, pregunta, cuando Mexicana está no al cuarto para las doce sino al cinco para las 12, es decir, muy cerca -según Badín- de que se alcance un acuerdo con los principales acreedores.

SCT, SIN INFORMACIÓN DEL CONCURSO

Por su parte, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, ha salido a decir que el gobierno no fue el que solicitó la actuación de la figura del interventor, sino los acreedores de la aerolínea.

Vale la pena la aclaración porque son dos cosas distintas. Por una parte, el gobierno federal ha mostrado buena fe y disposición para apoyar el proceso que conduzca a Mexicana de Aviación a la solución que más convenga.

Y por el otro están ASA y AICM, que son acreedores importantes y, junto con Banorte del sector privado, buscan preservar y garantizar sus derechos.

Lo cierto hasta ahora, dicen en el gobierno, es que en la SCT no tienen información del proceso del concurso mercantil.

Y por el contrario han registrado que los plazos a los que se han comprometido tanto el Juez con el conciliador administrador son rebasados y simple y sencillamente no se cumplen los compromisos que asumen públicamente.

A la fecha, nadie conoce, salvo el Juez, la existencia de los recursos, el plazo de la transferencia de las acciones sigue posponiéndose y aunque eventualmente se realice, prácticamente en nada hará avanzar el proceso, que obligadamente tiene que pasar por la firma del convenio con acreedores para que la empresa salga del estatus de insolvencia.

CUENTOS VERAS

Si Unefon no paga el próximo 9 de abril el adeudo que tiene por 4,300 millones de pesos más el monto acumulado por tasa fiscal, será embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El Juez que lleva el caso le fijó un plazo de cinco días hábiles que se cumplen el próximo 9 de abril y la empresa está haciendo valer un recurso de amparo. Esta deuda deriva del retraso en el pago de los recargos más actualización por el pago de la contraprestación por el otorgamiento de las concesiones que Unefon ganó en 1998, cuyo monto se cubrió hasta 1999. La empresa litigó la devolución de intereses que indebidamente -desde el punto de vista de las autoridades actuales de la SCT- les regresó el entonces Subsecretario de Comunicaciones, Jorge Alvarez Hoth.

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