El maratón Guadalupe-Reyes comenzó antes para los 67 presidentes de las juntas federales de conciliación y arbitraje; llegaron a Monterrey, donde se quedarán hasta el viernes para atestiguar el segundo informe del presidente de la JFCA, Dionisio José Siller Argüello y sostener su reunión anual en uno de los hoteles aledaños al Parque Fundidora.

Bien por ellos. Mal para los trabajadores y las empresas demandantes de justicia laboral, pues deberán esperar hasta el 2015 para avanzar en sus asuntos. El desplazamiento de los mandos superiores de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje costará al erario 6 millones de pesos -el triple de lo presupuestado- pero ese dispendio a pocos sorprende en esa instancia; la remodelación de su sede central costará 20 millones de pesos, 55% de los cuales fueron destinados al remozamiento de la Oficina de la Presidencia, un espacio de apenas 300 metros cuadrados.

Ni la parálisis prevacacional ni el dispendio son los rasgos que caracterizan el bienio de Siller Argüello, sino el amiguismo y el acosamiento a los funcionarios que no han contravenido las disposiciones superiores , de acuerdo al contenido de una carpeta informativa elaborada que será entregada al secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, por empleados y ex empleados inconformes.

Ese reporte refiere una decena de decena de expedientes millonarios -como los identifican entre los presidentes de las juntas especiales- que materializan los actuales usos y costumbres en ese órgano laboral. El más reciente ocurrió el pasado 15 de octubre y derivó en la toma de la sede central de la Junta Federal por parte de ex trabajadores de la Destilería del Golfo y productores de caña de Veracruz, enfurecidos porque Siller Argüello hubiera convocado a un recuento a dos sindicatos que demandaban la titularidad del contrato colectivo con esa empresa, que cerró hace cinco meses.

Sus dueños -entre quienes se cuenta el empresario y político michoacano Salvador Romero Valencia- habían acordado pagar las liquidaciones con el sindicato Modesto C. Flores. El emplazamiento del Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera y Similares había quedado sin materia, pero el presidente de la JFCA ordenó a la junta especial 54, con sede en Orizaba, no pronunciarse sobre la validez del convenio de terminación de la relación laboral, aduciendo que el recuento estaba pendiente. Y convocó a celebrarlo el 17 de octubre.

El favoritismo al STIASRM, adherido a la CTM, provocó la reacción del sindicato titular, que para exigir la cancelación del recuento, el reconocimiento de la conciliación de los ex trabajadores y la aprobación del convenio de terminación del contrato colectivo retuvieron durante cinco horas del personal de esa instancia, hasta que intervino la Policía Federal.

El dominio cetemista en la JFCA -de acuerdo con esas denuncias- tendría a Siller Argüello capturado por los abogados laboristas Víctor Manuel Calleja y César Maillard Canudas. El primero fue su coordinador de asesores, pero a finales del año pasado tuvo que dejar esa posición y el despacho de la oficina de la Presidencia recayó en Miriam Rosado García, quien formalmente es secretaria auxiliar de información técnica, y Luis Guillermo Pineda Bernal, ex titular del OIC de Pemex Petroquímica, quien formalmente está al frente de la Junta Especial 37, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pero funge como asesor especial de Siller Argüello. Las versiones sobre desvíos de recursos y preferencias inexplicables languidecen, así como las denuncias por presunto nepotismo y tráfico de influencias en ese organismo.

Y a las presiones para sacar laudos a modo en la JFCA se suman a los casos de presuntos abusos de autoridad cometidos contra presidentas de juntas especiales consideradas incómodas . El precedente ocurrió con la suspensión de Lucía Barrera Gil, presidenta de la junta especial 8 Bis. Y el caso más reciente ocurrió apenas hace 14 días, cuando Adriana Llaca Sánchez, Ricardo Quevedo Astudillo y Federico Gabriel Acevedo, fueron desalojados de sus oficinas la tarde del viernes 28 de noviembre.

¿Machismo en el TFCA? Por la vía de la suspensión, otros cinco presidentes de juntas especiales han sido forzados a separarse de la función jurisdiccional. Ellos son: Juan José Márquez Valerio, Alicia Sahagún Linares, Catalina Zavala Olivares y Alejandro Zirahuén González y Vera.

Los cinco han recurrido a los tribunales para recurrir la sanción. Llaca Sánchez, particularmente, combatía dos quejas por presuntas irregularidades y la suspensión indefinida deberá permitir una investigación exhaustiva tras de la cual o la despiden, o la restituyen.

EFECTOS SECUNDARIOS

PIONEROS. En vísperas de la instauración del sistema nacional anticorrupción, surge un antecedente a nivel local. En Guanajuato, el gobernador panista Miguel Márquez activó un sistema estatal de transparencia y rendición de cuentas. La instrumentación estuvo a cargo del CIDE y los datos comenzaron a divulgarse en un micro sitio de la Secretaría de Finanzas.