Esta semana nos enteramos de un muy trascendente fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El máximo órgano judicial del país decretó improcedente el amparo que presentó el Sindicato Mexicano de Electricistas por la supuesta ilegalidad del decreto, mediante el cual se declaró la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro.

Las implicaciones del fallo de la Corte son de gran importancia, indudablemente. Por un lado, de haber prosperado el amparo del sindicato electricista, tendría que haberse revivido a la entidad Luz y Fuerza y habríamos regresado a la situación original que se intentó corregir.

De esa manera, nuevamente el líder de ese gremio, Martín Esparza, junto con sus huestes estarían en poder y en propiedad virtual del sector eléctrico en la zona central del país. Por otro lado, el dictamen habría sentado un precedente. El gobierno federal hubiera quedado impedido para extinguir cualquier entidad pública cuando ya no tuviera razón de subsistir.

Ambas consecuencias habrían sido muy dañinas, aunque quizá más la primera de ellas. Los grupos corporativistas que ordeñan al país habrían captado la señal gozosos y seguros. Sin ningún peligro presente y futuro seguirían exprimiendo, en beneficio propio, a los sectores secuestrados.

La figura de la extinción debe ser un instrumento importante que el derecho administrativo ofrezca al gobierno federal. Recordemos que cuando el país se vio en la necesidad impostergable de achicar el hipertrofiado sector paraestatal que crearon Echeverría y López Portillo, la administración de Miguel de la Madrid recurrió ampliamente a esa figura como parte de su programa de desincorporaciones.

Sin embargo, el dictamen de la Corte tiene relevancia principalmente en cuanto al mundo de las ideas y de los mitos. En su momento, Miguel de la Madrid contribuyó a destruir varios de ellos: por ejemplo, la idea de que la inflación siempre venía de afuera y que las empresas públicas eran la encarnación de la soberanía nacional.

Los grupos corporativistas, tipo el sindicato de electricistas, más que un beneficio para el pueblo y una vocación de servicio público son una carga para las grandes mayorías. Todo el desperdicio y la improductividad que había en Luz y Fuerza lo pagaban las familias mexicanas en cuatro formas distintas: con un servicio eléctrico pobre, malos tratos al público, menos obras públicas en otros rubros y mayores impuestos.

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