La existencia del Estado se justifica esencialmente como proveedor de bienes públicos. Un bien público arquetípico es la seguridad y la impartición de justicia. Otro es la conservación de la biodiversidad y del capital natural de la nación. En ambos, el Estado en México falla.

En la conservación de la biodiversidad existe una tensión insalvable entre los intereses de los propietarios privados (individuos, ejidos y comunidades) e intereses públicos. Explotar la tierra y sus recursos casi siempre conlleva externalidades en la transformación, afectación o destrucción de los ecosistemas. Esto es particularmente álgido en nuestro país, en la medida en que el territorio nacional terrestre es 98 o 99% de propiedad privada. Tengamos en cuenta que el Estado en México perdió virtualmente todo su patrimonio territorial durante la reforma agraria del siglo XX. En contraste, por ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno federal es propietario de 29% del territorio.

La regulación del Estado sobre propiedades privadas se ofrece como alternativa de solución. Tal es el caso de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) como parques nacionales y reservas de la biósfera. Sin embargo, al no resolver de fondo el conflicto, difícilmente pueden ofrecer plena certeza a la conservación a perpetuidad. El problema se agudiza en un escenario de debilitamiento del Estado de Derecho en el medio rural, ilegalidad endémica e incapacidades institucionales. Así, la conservación, en el mejor de los casos, se genera desde una posición condicionada de fragilidad e incertidumbre.

Salvo algunas excepciones notables, las ANP han sido establecidas en México sobre propiedades privadas, limitando los derechos de los propietarios. En principio, estas restricciones se fundamentan en el Artículo 27 constitucional; sin embargo, es difícil e improbable compatibilizar a largo plazo la conservación con la propiedad privada. Llegan a percibirse como confiscaciones regulatorias donde el costo de generar bienes públicos (la conservación) se hace recaer injusta y totalmente sobre los propietarios, mientras que los beneficios son difusos y se distribuyen entre toda la población actual y las generaciones futuras. La conservación en su caso ocurre como un subproducto colateral y contingente, no como valor en sí mismo.

Grave es también que la propiedad privada de las ANP impide en México ofrecer posibilidades de uso público (como en países más civilizados: Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Chile, Argentina, etcétera), dadas restricciones de acceso, inseguridad y falta de infraestructura y equipamiento. Con esto se pierden grandes opciones de identificación de la ciudadanía con el capital natural y posibilidades constructivas, satisfactorias y seguras de recreación colectiva, familiar e individual, además de opciones de empleo e ingreso ecológicamente sostenibles para las poblaciones locales.

Igualmente preocupante es que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas reciba un presupuesto minúsculo relativamente al resto del sector ambiental (2 por ciento). Lo anterior, a pesar de ser responsable del tema, probablemente, de mayor prioridad en toda la agenda de sustentabilidad del país. Incluso, los guardaparques, fundamento humano básico de la conservación, operan con plazas eventuales, sin autoridad, sin equipamiento, sin seguridad en el empleo y sin salarios dignos.

Así, implícitamente, nuestro país renuncia a la conservación estricta y a perpetuidad, y a una presencia sólida del Estado en zonas rurales. Campea la inseguridad y la conservación queda, en el mejor de los casos, como una consecuencia residual de la explotación mitigada (regulada) de la tierra y sus recursos naturales. Es grave que hasta ahora México no haya tenido disposición a invertir en el capital natural de la nación, lo que significa pagar el costo de oportunidad de su conservación a los propietarios. Esto es, a comprar o expropiar concertadamente, y a gestionar con eficacia un acervo de tierras públicas en ANP estratégicas para la conservación.