Quizá nunca estuvo en el radar la dimensión de las consecuencias que la pandemia de covid traería para la educación.

Muchos son los estragos que se producen en lo económico, social, en torno a la salud mental de los educandos y por supuesto, en lo tocante al enorme atraso de aprendizaje que se ha sufrido en prácticamente todas las familias mexicanas.

Ante un problema que se ahonda, existen actores cuya petición se ha vuelto exigencia para conseguir ese ansiado retorno a clases de cerca de 36.6 millones de alumnos que componen la matrícula escolar. La desesperación se incrementa ya que desde el pasado año poco más de 265,000 escuelas han permanecido cerradas a cal y canto.

El factor económico no favorece ni a muchas familias que con gran esfuerzo optan por escuelas privadas, ni a las propias escuelas que sencillamente no encontraron el asidero para poder aguantar la prolongada suspensión de actividades. En tal circunstancia, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANEP) ha pintado ya de cuerpo completo el duro panorama, y adelanta que sería posible acudir a la solicitud de un amparo a efecto de volver a abrir sus puertas con las debidas seguridades. Inédita acción legal que encontraría polémica y posiblemente resistencia a pesar del intento del noble cometido.

El derecho a la educación está expresamente reconocido en el artículo 3° de la Constitución. Es destacable que, al derecho a ser educado, corresponde la obligación del estado mexicano por implantar, desarrollar, garantizar, asegurar y fomentar todo lo relacionado con dicho derecho.

Cuando dicho estado, mediante un acto de autoridad viola el derecho fundamental, existe la posibilidad de que el afectado recurra a la petición por protección y amparo de la justicia federal para hacer valer su postura. A ese acto con el cual se violentan derechos por parte de la autoridad se llama acto de molestia que puede por igual ser una omisión.

Tal parece ser el caso en donde descansará la discusión para el caso de la reapertura educativa privada, ya que la ANEP estima que el estado mexicano no está llevando a cabo las acciones necesarias para otorgar una educación de calidad y con el componente de la adaptabilidad, es decir, adecuada al individuo y a la circunstancia.

La batalla legal avecina un proceso de negociación paralelo que probablemente acabe por resolver el entuerto en vez de que exista un pronunciamiento por parte del Poder Judicial.

Es reconocible la obligación estatal por educar, incluso elevado el concepto a la propia Declaración de los Derechos de la Niñez y por supuesto, al nivel de la carta magna en el país. Por ello, la urgencia es manifiesta; para muchos, o exigimos que se nos eduque o veremos imbatible un rezago del que difícilmente se vuelve a salir.

Twitter: @gdeloya

Guillermo Deloya Cobián

Analista en temas de política

A media semana

Guillermo Deloya Cobián es oriundo de Puebla, licenciado en derecho, con especialidad en derecho fiscal, maestro en economía y gobierno y doctor en planeación estratégica y políticas de desarrollo. Actualmente cursa la maestría en escritura creativa en la Universidad de Salamanca.

Es articulista y comentarista en diversos medios de comunicación nacionales y locales, ha publicado ocho libros, además de diversos ensayos en temas que van desde lo económico, político y jurídico, hasta una novela histórica ubicada en el siglo XVIII.

Es comentarista y analista en temas de política, economía y jurídicos en ADN40.

Ha desarrollado una constante actividad docente como profesor universitario tanto en Puebla como en la CDMX.

Cuenta con una trayectoria en el sector público de veintiocho años donde ha ocupado cargos en los ámbitos federal y estatal, en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la Procuraduría General de la República, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública, en el Consejo de la Judicatura Federal y el Gobierno del Estado de Puebla, fue Coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, de la Secretaría de Gobernación y ha ocupado diversos cargos partidistas.

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