El Instituto Federal para las Telecomunicaciones (IFT) arrastra un cúmulo de pendientes, entre ellos el nombramiento del nuevo integrante del pleno de comisionados, la revisión de las medidas asimétricas y la consolidación de un mercado competitivo en el sector.

Sin cumplir a plenitud con su mandato constitucional para garantizar piso parejo para la industria y beneficiar a los usuarios mexicanos, el ente regulador enfiló a terrenos farragosos luego de que, en aras de la protección de los derechos de las audiencias, la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del Instituto dictó los nuevos lineamientos que de entrar en vigencia se entrometen en los contenidos de los medios de comunicación electrónicos, establecen criterios de veracidad , imponen divisiones expresas sobre noticias y opiniones, espacios de publicidad, entre otras cortapisas, imponiendo fuertes multas que, ante infracciones reiteradas, pueden derivar en la clausura de los medios.

Las primeras protestas por los lineamientos aprobados por el pleno del IFT quedaron registradas en la primera decena del 2017. Entonces comenzó a correr una bola de nieve con pronunciamientos de la CIRT, la AMEDI y la ANPERT, además de un torrente de textos de periodistas con espacios en radio y televisión cuyo colofón fue el comunicado generado por la Sociedad Interamericana de Prensa ante la certeza de que las nuevas disposiciones pueden generar un clima de censura previa sobre comunicadores .

El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Matt Sanders, estuvo en México a finales de la semana pasada y solicitó una cita con los comisionados del órgano regulador. En vez de eso, fue recibido por María Lizárraga Iriarte, Assuán Olvera Sandoval y Edgar García, los funcionarios que elaboraron los lineamientos, quienes hicieron una férrea defensa de su sambenito. Esa audiencia tuvo como testigos al director ejecutivo de la SIP, Ricardo Trotti, y al presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Roberto Rock.

Al iniciar la semana, el comisionado presidente del IFT, Gabriel Contreras, defendió la validez jurídica de los lineamientos y reconvino a sus críticos. En tiempos de incertidumbre y de la necesaria unidad nacional , apeló, el camino no debe ser el desprestigiar a las instituciones, sino fomentar el cumplimiento de la ley y la consolidación de un auténtico Estado de Derecho .

Los argumentos de quienes ven claros instrumentos de censura en las directrices elaboradas por Lizárraga y su equipo, simplemente fueron ignorados. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la que deberá resolver sobre estos asuntos a partir de sendas controversias constitucionales. Una presentada por el presidente de la mesa directiva de la Cámara Alta, Pablo Escudero pretende ignorar que esta Legislatura es corresponsable de este entuerno, al haber dictaminado la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones.

La Presidencia de la República, por su parte, reclamó la constitucionalidad de ocho artículos de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con lo que de ser admitida la controversia tramitaría un incidente de suspensión, ante la inminente entrada en vigor de los lineamientos, programada para el 16 de febrero.

Humberto Castillejos, consejero jurídico de Los Pinos, sostuvo que el IFT rebasó esferas competenciales del Ejecutivo federal, único facultado constitucionalmente como autoridad administrativa en materia de derechos humanos. ¿Y el respeto a la independencia de los órganos autónomos?

Más allá de estas controversias, para que México pueda contar con un sector de telecomunicaciones realmente competido y competitivo, es fundamental que el agente económico preponderante cumpla cabalmente con la regulación asimétrica y que el IFT aplique cabalmente dichas medidas. Pero imponer las normas reglamentarias no ha sido una tarea simple y evaluarlas mucho menos ya que el periodo de asimetría es corto comparado con décadas de un dominio monopólico.

EFECTOS SECUNDARIOS

PESQUISAS. Desconcertados por la oferta ilimitada de sustancias prohibidas, los visitantes que recientemente han transitado por la Riviera Maya saben que el Blue Parrot cuyos dueños son originarios de Nayarit es uno de tanto lugares asolados por el crimen organizado. Distante de esa percepción, está la versión de fuentes de inteligencia de diversas corporaciones policiacas sobre los indicios que el ataque a balazos realizado a la fiscalía de la zona norte podría tener un móvil político. Y es que una de las armas utilizadas, un sofisticado rifle de asalto p90, estuvo en manos de escoltas del exgobernador Roberto Borge Angulo. Según trascendió, sólo había dos armas de este tipo registradas en la entidad, pues para obtenerla se requiere cumplir una serie de requisitos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.

ANTICIPADOS. Como pocas veces se ha visto con los integrantes del gabinete, el grupo parlamentario del PRI en el Senado dio la bienvenida al secretario de Salud, José Narro, con amplias muestras de afecto e incluso gritando queremos a Narro . En ese mismo ámbito, colaboradores cercanos al director general del Instituto Nacional de Salud Pública, Mauricio Hernández Ávila, han advertido en las redes sociales, sobre el fin de un ciclo. Y toda vez que sea cumplido el término legal, entregarán las riendas de esa dependencia a quien sea designado por Narro.

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