En la entrega anterior, comenté sobre el ejercicio de evaluación realizado por la Auditoría Superior de Federación (ASF) a la gestión del capital humano en cuatro Secretarías de Estado y en dos organismos autónomos, Inegi y Banxico. Tal evaluación conjugó metodologías cualitativas y cuantitativas que se complementaron para identificar los efectos que tienen las acciones del gobierno en la calidad y condición del capital humano que emplea. Al estimar los retornos a la inversión en capacitación y estudios de posgrado especializados, la evaluación pudo medir su correspondiente efecto en la productividad relativa de los servidores públicos y en sus remuneraciones.

La mayoría de las evaluaciones a políticas y programas públicos se han enfocado en valorar el diseño y los procesos de las intervenciones gubernamentales, desde la dimensión del programa presupuestario, y pese a que la evaluación se concibe como un ejercicio con un enfoque integrador de los resultados y efectos de los diferentes componentes que intervienen en las políticas públicas, existen pocos ejercicios de esta naturaleza.

Una razón de lo anterior es que las evaluaciones que buscan medir el impacto requieren de rigurosidad técnica y metodológica para mostrar si la intervención pública genera los resultados esperados en la población. De igual forma, es indispensable que los análisis se basen en información suficiente y de calidad que permitan establecer parámetros de medición robustos y confiables.

La metodología empleada en la evaluación realizada por la ASF propone una forma innovadora de cuantificar los efectos de las acciones orientadas a la gestión del capital humano gubernamental. Los resultados se fundamentaron en los seis estudios de caso contemplados: cuatro dependencias centrales y dos entes autónomos (Inegi y Banxico), empleando una combinación de técnicas que ofrece resultados tanto cualitativos como cuantitativos.

Uno de los hallazgos de la evaluación muestra que las acciones emprendidas por las Secretarías en materia de capacitación tienen efectos poco significativos para los recursos humanos, cuyos retornos son inferiores al 0.25; mientras que los resultados obtenidos por el Inegi y Banxico son claramente positivos, en términos de enriquecer el capital humano, con retornos del 0.35 y 0.68, respectivamente.

Las 40 horas obligatorias de capacitación que deben cumplir los servidores públicos de las Secretarías tienen efectos marginales en la productividad, puesto que la formación que se imparte no necesariamente se orienta a profesionalizar a los servidores públicos para el cargo que desempeñan o para que, en un futuro, puedan desenvolverse en cargos de mayor responsabilidad.

En contraste, para el Inegi y Banxico, la focalización de la instrucción del capital humano se estructura de acuerdo con las necesidades y actividades que se desarrollan al interior de cada área de las instituciones, lo que permite incidir en las capacidades de los servidores públicos de acuerdo con los procesos de trabajo y las prioridades institucionales.

Partiendo de estos resultados, las dependencias de la APF podrían rediseñar sus programas de capacitación y, sobre todo, en el contenido de estos; para adoptar un enfoque que considere al capital humano de la institución como un elemento substancial para el quehacer gubernamental.

Agustín Caso Raphael

Economista

Ensayos en Persuasión

Licenciado en Economía por el ITAM y Maestro por la Escuela del Servicio Exterior de Georgetown University, Washington D.C. Profesor Titular de Historia del Análisis Económico en el ITAM desde 1990. En 1976 recibió el Premio Nacional de Economía y su trabajo fue publicado por Editorial Limusa con el título Política Monetaria, Inflación y Crecimiento Económico: El Caso de México. En 2005 publicó el libro Migración y Repatriaciones y en 2010, Trotsky, Viaje hacia el Laberinto.

Por más de 45 años se ha desempeñado en la administración pública nacional e internacional. Inició su desarrollo profesional en el Banco de México. Ha ocupado puestos directivos en el Banamex, Pemex, el Instituto de Acción Urbana e Integración Social (AURIS), la Conasupo, y las Secretarías de Energía, Gobernación y Hacienda y el INEE. Actualmente es Auditor Especial de Desempeño de la Auditoría Superior de la Federación.