Las instituciones de banca de desarrollo (BD) son entidades de la Administración Pública Federal cuya encomienda es facilitar el acceso al crédito, a los servicios financieros y proporcionar asistencia técnica y capacitación.

Su existencia principalmente obedece a la presencia de sectores económicos y población que son excluidos o subatendidos por el financiamiento proveniente de organismos privados, como es el caso del sector rural o la pequeña empresa, debido a que sus características socieconómicas, técnicas y productivas les hacen ser percibidos como actores de baja rentabilidad y alto riesgo crediticio.

Por esta razón y en concordancia con la primera estrategia transversal del gobierno federal, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, Democratizar la productividad, para que las oportunidades y el desarrollo lleguen a todas las regiones, a todos los sectores y a todos los grupos de la población , la BD constituye un instrumento de política pública fundamental para su cumplimiento, dado el papel que juega en el direccionamiento de recursos para fortalecer las capacidades de la población, incrementar la productividad, el crecimiento y la competitividad de sus actividades económicas, disminuyendo así las restricciones relacionadas con el financiamiento.

Derivado de que la BD se ocupa de sectores económicos y de la población considerados como prioritarios o estratégicos, se hace relevante su evaluación, toda vez que permite conocer el efecto que genera en su población objetivo y la eficiencia con que lo hace, ambos aspectos importantes si se toma en cuenta que las instituciones públicas tendrían que cumplir con los objetivos que les son asignados a costos económica y socialmente aceptables, de acuerdo con su naturaleza y ámbito de acción. De manera paralela, su condición de entidad pública hace que su evaluación sea obligatoria, según se establece en ordenamientos legales como la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la cual mandata la valoración objetiva del desempeño de los programas que permitan conocer su impacto social.

Las evaluaciones que pueden ser ejecutadas a la BD son de diferente índole y dan a conocer diversas aristas de su actuar; sin embargo, los esfuerzos efectuados hasta el momento se han orientado en mayor medida al monitoreo de su desempeño operativo y financiero y a la medición de resultados en términos de la cantidad de recursos que operan y/o de personas beneficiadas y, en menor medida, a la identificación y cuantificación de su contribución al desarrollo, es decir, del cumplimiento de su mandato, aunque algunas instituciones tienen avances significativos, como es el caso de los fideicomisos instituidos en relación con la agricultura (FIRA). Así, si bien el desempeño y resultados de las entidades son importantes en una evaluación, conocer el impacto que tienen sus instrumentos en la población y los aspectos que pueden ser mejorados constituye en la actualidad el principal reto que tiene la BD en cuanto a evaluación se refiere.

En la siguiente edición serán abordadas las principales actividades y desafíos presentes en la puesta en marcha de las evaluaciones de impacto, a fin de conocer las posibles causas de su baja utilización.

*/ Xóchitl Gil Camacho es especialista de la Subdirección de Evaluación de Programas de FIRA. La opinión es del autor y no necesariamente coincide con el punto de vista oficial de FIRA. [email protected]