Recientemente, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) publicó los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2020. Tal y como se esperaba, hubo un aumento importante en la pobreza en México: 3.8 millones de personas más cayeron en pobreza. En total, alrededor de 55.7 millones de personas viven en esta situación (43.9%).

Estas cifras tan desafortunadas, aunadas a la trayectoria marcada por las administraciones pasadas, son un punto de partida para retomar la discusión pública sobre la pertinencia y efectividad de las estrategias que han tenido como objetivo la reducción de la pobreza en el país. Claramente, el resultado ha sido insatisfactorio y, en parte, esto se debe a un abordaje parcial del problema y al diseño e implementación de acciones que no han atacado las raíces del mismo.

Es común que la pobreza se analice desde varias aristas. No obstante, algunas acciones suelen captar los reflectores más que otras, como es el caso de los programas sociales. Se suele pensar que la mera implementación de estos programas, constituye una política de desarrollo social sólida. Esta lógica sin duda merma la atención de otros factores igualmente trascendentales para la consecución de los objetivos.

La política de desarrollo social en México y, prácticamente en cualquier parte del mundo, debería diseñarse como una estrategia integral para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos de toda la población. Sin embargo, como se comentó anteriormente, en ocasiones ésta se reduce a unos cuantos programas que atacan el problema de forma parcial y que muchas veces presentan problemas como: mala focalización, regresividad, opacidad, entre otros. La realidad es que estos programas, por sí solos, no tienen la capacidad de reducir la pobreza de forma significativa y permanente.

En este punto hay que dejar claro que los programas sociales sí pueden aportar a la solución del problema. Sin duda estos pueden ser instrumentos muy útiles para potencializar los beneficios de una política de desarrollo social integral dirigida a las poblaciones más vulnerables. No obstante, deben ser considerados como sólo una parte de la estrategia.

Teniendo esto claro, nos preguntamos, ¿en qué centrar las acciones? La pandemia ha exacerbado los problemas de ingreso y la dificultad para acceder a servicios de salud de calidad. Los datos más recientes del Coneval muestran que para el 2020, el ingreso corriente total per cápita disminuyó 6.9%, y la carencia por acceso a servicios de salud aumentó un 12%. Sin embargo, estos problemas no son coyunturales, de forma que se puedan justificar por la crisis actual. Se trata de una problemática con carga histórica que ha anclado a millones de personas a la pobreza.

Los ingresos, particularmente los laborales, son el sustento de la gran mayoría de las familias. La realidad es que cada vez más personas ganan menos, y menos, ganan más. Según datos de la ENOE, del 2008 al 2020 las personas que ganaban hasta un salario mínimo pasaron de 5.3 a 12.5 millones (+135%), mientras que quienes ganaban más de 5 salarios mínimos pasaron de 5.3 a 1.3 millones (-75%). Para entender mejor el impacto de esto, es necesario analizar la tendencia de la pobreza laboral (se refiere al porcentaje de personas que no pueden adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral). Desde el 2005, en promedio, alrededor del 40% de la población se mantiene en situación de pobreza laboral.

Que 4 de cada 10 personas no puedan costearse una alimentación básica con el fruto de su trabajo es un claro indicador de las deplorables condiciones en las que se encuentra el mercado laboral. En este contexto, el trabajo, que debería ser el principal medio para mejorar las condiciones de vida, no está generando el efecto deseado.

Por otra parte, el escaso acceso a servicios de salud de calidad impide a las personas salir del círculo de pobreza, pues cuando un miembro de la familia se enferma, deben realizar gastos mayúsculos que reducen su ingreso disponible. En el contexto actual de la pandemia, donde las necesidades de atención médica aumentan, y el empleo se contrae, y por lo tanto el ingreso de las familias, es de esperarse que un mayor número de personas caigan en condición de pobreza.

El Sistema Nacional de Salud presenta grandes deficiencias, principalmente presupuesto insuficiente, fragmentación, exclusión y regresividad. Por ejemplo, México sólo destina el 2.7% de su PIB a gasto público en salud, muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Panamericana de Salud, ubicándose también en el último lugar de la OCDE.

Con este panorama, es evidente que los bajos ingresos laborales y el acceso universal a servicios de salud de calidad deberían estar en el centro del debate público. Identificar estos elementos como dos de los principales determinantes de la pobreza en México y posicionarlas dentro de la agenda de gobierno es imprescindible para construir estrategias más eficaces para una reducción significativa y permanente de la pobreza.