Las políticas públicas y económicas pasan por un mal momento en México. Esto es lo que hay que saber:

El próximo miércoles, el Inegi dará a conocer la estimación oportuna del PIB correspondiente al tercer trimestre del 2019. Se espera que dada la evolución de diferentes indicadores parciales tales como la caída de la inversión fija bruta, tanto privada como pública, el desplome del valor de la industria de la construcción, el superávit en la cuenta comercial de la balanza de pagos (que refleja una caída de la demanda interna), la desaceleración en la tasa de crecimiento del consumo privado (destacando la caída en la adquisición de bienes de consumo duradero) y, finalmente, el estancamiento del Indicador Global de Actividad Económica el crecimiento sea nulo, sino es que inclusive negativo, con lo cual serían tres trimestres consecutivos sin crecer.

La evolución de la economía mexicana durante este año, desligándose por primera vez desde 1996 del ciclo de crecimiento de la economía estadounidense, indica que el estancamiento tiene, principalmente, causas internas (el único factor externo que podría tener un efecto transitoriamente negativo sobre la inversión y el crecimiento sería la incertidumbre sobre la ratificación en el Congreso de Estados Unidos, y en menor grado en el parlamento canadiense, del nuevo tratado de libre comercio norteamericano).

Si se observa la evolución mensual desde julio del año pasado del Indicador Global de Actividad Económica, se puede apreciar que éste mantuvo una muy ligera expansión durante ese mes y los dos meses subsecuentes a las elecciones presidenciales dado el indiscutible triunfo de AMLO en las elecciones y un discurso que mostró moderación y generó cierta confianza. El rompimiento, más que punto de inflexión, se dio en octubre con el anuncio de que apenas tomara posesión, se cancelaría la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco, una decisión arbitraria y avalada en una consulta ilegal y sobre todo amañada, a lo cual se le añadió una acusación, nunca sustentada, de que la obra estaba plagada de actos de corrupción.

El problema es que a esa acción le han seguido otras que en mayor o menor grado han ido mermando la confianza. Un recuento de los primeros 11 meses de este gobierno nos muestra un presidente al que le disgustan los contrapesos institucionales y, en consecuencia, se ha dedicado a minarlos (como en el caso del sector energético) y, por otra parte, en lugar de mejorar sobre lo alcanzado en diferentes ámbitos y programas públicos, detectando y corrigiendo fallas y deficiencias decidió cancelarlos sin construir nada a cambio. Así tenemos las estancias infantiles, los refugios para mujeres, el Seguro Popular, Prospera-Oportunidades, ProMéxico, el Consejo de Promoción Turística, el Metrobús en La Laguna, el Inadem, la Policía Federal, la cancelación de las subastas eléctricas de mediano y largo plazos, el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa y más. El resultado de esta vorágine destructiva, a la cual es indispensable incluir nuevas disposiciones legales como son la extinción de dominio sin juicio previo (haciendo caso omiso de la presunción de inocencia establecida en la Constitución) y la clasificación como delincuencia organizada de ciertos tipos de evasión tributaria, es que también se ha afectado negativamente la confianza y, más aún, la certidumbre jurídica. Sin ésta, no se puede esperar que los agentes económicos privados estén dispuestos a invertir y con ello se logre alcanzar mayores tasas de crecimiento.

El presidente volverá a decir el miércoles que él tiene sus propios datos o que el crecimiento no importa. A pesar de ello, la realidad es que hasta ahora la política pública y la política económica han resultado en un estancamiento y no se percibe que hacia futuro se dé un viraje de timón para que las perspectivas mejoren.

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.