Una de las principales fuentes de pérdida en el bienestar de las familias y de competitividad es la prevalencia de una regulación.

En el artículo de la semana pasada comenté que de acuerdo con el análisis que realizó el Foro Económico Mundial, de entre 141 países evaluados, México se situó en el lugar 48, destacando que los tres elementos que en mayor grado afectan negativamente la competitividad de México en un mundo globalizado son: la debilidad del estado de derecho, el bajo nivel de capacitación y adiestramiento de la mano de obra y la ineficiencia del mercado laboral. En este artículo me centraré en lo concerniente al estado de derecho, siendo éste la piedra angular sobre el que descansa todo lo demás.

Cuando hablamos del estado de derecho, esto va más allá de que no haya impunidad en la comisión de delitos o de que las leyes vigentes se cumplan. Es obvio que, para poder afirmar que en un país existe un íntegro estado de derecho, estos dos elementos tienen que cumplirse (porque esto no sucede en México, con una tasa de impunidad de 95% en los delitos del fuero común y la violación continua de diversas disposiciones legales, es claro que no vivimos en un estado de derecho, no importa cuántas veces los gobernantes digan que sí), pero se tienen que dar al menos otras tres condiciones. La primera es que los derechos privados de propiedad estén eficientemente definidos en el marco legal. La segunda, que estos derechos estén eficientemente protegidos por un Poder Judicial que sea independiente, imparcial y eficiente. Y la tercera, que la regulación de los mercados promueva que estos operen en un contexto de competencia, como condición mínima necesaria para que haya igualdad de oportunidades.

Primero, tal como está establecido en el Artículo 27 constitucional, el derecho a la propiedad privada es un derecho derivado, ya que la propiedad de los recursos tierra, agua, subsuelo y el espacio aéreo sobre el territorio nacional corresponde a la nación; ésta puede ser expropiada por causa de utilidad pública mediante el pago de una indemnización que no necesariamente cubre el valor de mercado del bien expropiado y, por si lo anterior no fuera poco, “la nación” puede imponer sobre esta propiedad las modalidades que dicte el interés público (en otras palabras, las preferencias del gobernante en turno).

Además de la deficiente definición de los derechos privados de propiedad al nivel constitucional y, en consecuencia en diversas leyes que de ésta emanan, otra notable  deficiencia es lo relacionado con la protección de estos derechos y la garantía judicial del cumplimiento de contratos. Respecto de lo primero destaca, como se mencionó arriba, la muy elevada tasa de impunidad en la comisión de los delitos del orden común, lo que refleja un grave problema estructural en materia penal, tanto en la procuración como en la administración de justicia. En cuanto a lo segundo, dado que el Artículo 104 constitucional permite que cuando un litigio afecte sólo a particulares éste sea atendido en los juzgados y tribunales estatales, aunque sea materia de una legislación federal (como sería el caso de contratos mercantiles), se observa que no existe una plena garantía del cumplimiento de los contratos dada la alta corrupción y falta de imparcialidad imperante en estos juzgados. Esto, obviamente, incrementa el riesgo y los costos de hacer negocios en México.

Respecto del tercer punto, uno de las principales fuentes de pérdida en el bienestar de las familias y de competitividad es la prevalencia de una regulación, particularmente al nivel de los estados y municipios, que introduce altas barreras de entrada a los diferentes mercados de bienes y servicios. Que no exista plena competencia es una violación del Estado de derecho al limitar la libertad de elección.

Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Profesor de Economía, ITAM. Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.