Tan de moda, en estos tiempos de guerra sucia electorera, el espionaje telefónico; es decir, la intervención de comunicaciones privadas es un delito que debe ser sancionado. Pero ¿cómo pedirle al gobierno federal que investigue y castigue estas prácticas cuando las mismas se promueven desde la Presidencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel)?

Aprovechando la ausencia por vacaciones de fin de año de la mayor parte del personal de la Comisión, el 2 de enero del 2012, Juan Ludlow Saldívar, coordinador de asesores de Mony de Swaan, ordenó al jefe de Seguridad de la dependencia, Fausto Cortés Espejo, retirar a todos los elementos de la Policía Bancaria e Industrial encargados de la custodia del inmueble. También le indicó que debía apagar el circuito cerrado de televisión en el edificio de Radiatas 44, sede de la Cofetel hasta hace unas semanas.

El martes 3 de enero, Juan Ludlow ingresó al edificio de Radiatas, acompañado por Fernando Cantú Díaz, coordinador general de Organización y Tecnologías de la Información y por un grupo de personas ajenas a la Cofetel, quienes llevaban portafolios negros con equipos similares a los que se utilizan para revisar los aparatos de telefonía. Varias oficinas, incluidas las de los cuatro comisionados que no han querido someterse a los caprichos de Mony de Swaan, jefes de unidad, directores generales y directores de área fueron abiertas sin autorización de sus titulares para revisar los teléfonos.

De acuerdo con mis fuentes -todas ellas, cercanísimas a los hechos narrados-, en realidad estaban instalando equipos para grabar las conversaciones de los servidores públicos de la Comisión, en un afán desesperado de Mony de Swaan por descubrir quién filtra información a los medios de comunicación y a los legisladores que han pretendido investigar sus malos manejos administrativos.

La Cofetel acaba de estrenar oficinas en la zona del Parque Hundido; el personal había sido advertido que la mudanza se realizaría desde diciembre del año pasado pero ésta se aplazó hasta abril de este año. Mony de Swaan tuvo tres largos meses para cablear las oficinas de los servidores públicos.

En la penúltima sesión del pleno de la Cofetel, el comisionado Ernesto Gil Elorduy felicitó a De Swaan por la nueva sede, pero con la felicitación vino una atenta súplica: Ojalá que allá no espíen nuestras conversaciones . La respuesta de Mony de Swaan fue el silencio. Probablemente, hoy esté muy relajado, porque, como él mismo escribió en su cuenta de Twitter, es una gran terapia ir y venir en bici a la chamba . Las nuevas oficinas de la Cofetel, capricho de Mony de Swaan para trabajar cerca de su casa, nos costaron a los contribuyentes 45 millones de dólares.

Ser transparente no es hacer públicas las declaraciones patrimoniales que la ley obliga realizar a todos los servidores públicos. Ser transparente es, ante todo, respetar la ley a cabalidad y no asignar a los amigos, con cargo al erario público, contratos innecesarios y redundantes con las actividades que desarrollan los funcionarios de la Cofetel. Mucho menos transparente es espiar a sus pares y a todos los funcionarios de la Comisión.

La transparencia de la que tanto presume Mony de Swaan es sólo de palabra. Nuevamente, en el portal de la Cofetel se ha eliminado la información de los contratos por 200,000 dólares con los que el año pasado benefició a sus amigos, escándalo que provocó que la Comisión Permanente del Congreso de la Unión lo citara a comparecer y que orilló a los legisladores a pedir a la Procuraduría General de la República una investigación por uso indebido de recursos públicos. El pretexto para bajar esa información de la página de la Comisión es la prohibición constitucional para difundir programas, acciones, obras o logros de gobierno durante las campañas electorales. ¿Tendrán algo que ver la nueva sede den la Cofetel y los contratos de los amigos con las campañas electorales?

La semana pasada, a la Coordinadora de Administración de la Cofetel le echaron a perder el festejo por el nuevo edificio. Su segundo de a bordo y el responsable de autorizar todas las adquisiciones en la Comisión, Octavio Salazar Guzmán, fue detenido por violaciones a las leyes y a la normatividad presupuestal mientras fue Administrador en la Aduana de Mazatlán. El funcionario pagó una fianza por 40,000 pesos y ya está de vuelta en su flamante oficina de Insurgentes 1,143. He aquí, un breve recuento de la transparentísima gestión de Mony de Swaan.