Una y otra vez el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dicho que se solidariza con los familiares de los normalistas, y que tiene la voluntad para encontrar a los desaparecidos y castigar a los culpables. Pero las palabras presidenciales no se corresponden con acciones.

Una de estas evidencias es que el aparato de inteligencia del estado mexicano no se dispone para buscar a los desaparecidos y para dar con los responsables de la masacre de Iguala. En lugar de ello el aparato de espionaje mexicano se está utilizando para vigilar y criminalizar a quienes apoyan a los padres de desaparecidos de Ayotzinapa.

Así consta en una nota publicada por el periódico y portal informativo Reporte Índigo el lunes 8 de septiembre donde dan publican que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) elaboró una ficha donde se sostiene que Vidulfo Rosales y Abel Barrera son considerados elementos peligrosos para la gobernabilidad .

Abel Barrera es director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan (con sede en Tlapa Guerrero), en tanto que Vidulfo Rosales forma parte del equipo de abogados de este centro. Desde hace más de dos décadas el Tlachinollan, ha hecho una importante labor de acompañamiento a pueblos y comunidades indígenas y campesinas de La Montaña de Guerrero, una de las regiones más pobres del país, pero también con mayor riesgo de violencia e impunidad dada la ancestral complicidad entre autoridades, caciques y delincuencia organizada.

La nota de Icela Lagunes adolece de procedimientos periodísticos básicos, pues da por cierta una delicada información sin el menor contraste. La información con estos graves señalamientos contra de dos importantes defensores de derechos humanos en Guerrero compra sin mayor cuestionamiento la versión que ofrece el Cisen, y al hacerlo pone en riesgo la seguridad de las personas acusadas.

El Cisen, según la nota, considera a Vidulfo Rosales radical y que es una pieza del engranaje entre activismo de derechos humanos y la subversión . El reporte del Cisen, o al menos la versión que publicó Reporte Índigo, no ofrece ningún dato para sabe qué considera subversivo, excepto una mención al Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI), pero nunca se dice si Rosales, o Barrera tienen ese vínculo. Solo se señala un entramado entre integrantes del movimientos social guerrerense con la subversión .

Lo que sí dice la ficha-nota de Vidulfo Rosales es que ha defendido a los pueblos que se oponen a la construcción de la presa La Parota, a campesinos que defienden su bosque y a los mismos normalistas de Ayotzinapa, desde hace años, no de ahora. Todas estas son actividades legales y abiertas, y sin embargo se deja una sospecha de ilegalidad.

Es muy grave que un medio comercial se haga eco de estas versiones que ponen en peligro a defensores de derechos humanos y abogados de los padres y normalistas de Ayotzinapa que realizan una movilización justa y legal; pero más grave es que el estado mexicano use los recursos que tiene en espiar y criminalizar a defensores en lugar de andar buscando a los desaparecidos. No en balde el pueblo está cansado de este Estado.

@rmartinmar