En la jornada electoral del domingo ganó la apuesta por un cambio pacífico. La participación de millones de votantes y el trabajo de miles de ciudadanas y ciudadanos en las casillas es quizá la mejor prueba del deseo de vivir en democracia, sin violencia, corrupción e impunidad.

El triunfo de López Obrador abre para muchos la posibilidad de imaginar un país más justo. En su discurso de aceptación, el futuro presidente aseguró que luchará contra la corrupción y la impunidad y que buscará hacer de México un país menos desigual, donde la gente no tenga que migrar por necesidad y donde “se garantizarán todas las libertades individuales y sociales, así como los derechos ciudadanos y políticos consagrados en nuestra Constitución”. Combatir la pobreza, la desigualdad, la violencia y fortalecer el Estado de derecho es, sin duda, condición necesaria para ofrecerle a la mayoría de la población, en particular a la juventud y la niñez, un mejor presente y un futuro viable.

La esperanza que para muchos representa este logro, derivado del trabajo y la persistencia de millones de personas, así como del hartazgo de la mayoría por la corrupción y la violencia no borra, sin embargo, una realidad que ha de transformarse con políticas públicas sólidas, cuyos resultados no serán tan rápidos y evidentes como algunos esperarían.

La violencia del crimen organizado, los cacicazgos y mafias enquistadas en municipios de diversos estados y sus redes a nivel nacional, por ejemplo, han dejado desde septiembre del 2017 cerca de 120 políticos asesinados, entre ellos 18 mujeres, y varios cientos de personas agredidas o amenazadas, obligadas así a renunciar a sus candidaturas, cargos o a poner en riesgo su vida y su salud cuando deciden resistir. Pasar por alto esta violencia o la que ha hecho de amplias regiones del país zonas de silencio y miedo sería negar el arraigo de las prácticas caciquiles y mafiosas que no desaparecerán a corto plazo, cuya erradicación puede en un inicio provocar aún más violencia.

Tampoco puede ignorarse la violencia que no se deriva sólo del crimen organizado o de la desigualdad socioeconómica. La violencia contra mujeres y niñas, evidente en el feminicidio, la trata de personas, las altas tasas de violencia de pareja y abuso sexual infantil, requiere de un programa integral que involucre desde la educación en todos sus niveles hasta la profesionalización del personal de salud y de justicia, para impulsar una verdadera política para la igualdad de género, tanto para niñas y mujeres como para la población LGBTTI. Este cambio, imprescindible, corresponde en gran medida al gobierno, desde sus instituciones y políticas públicas, pero es también tarea de la sociedad.

Desde esta perspectiva, no deja de ser preocupante que en ninguno de sus discursos del 1o de julio López Obrador haya nombrado a las mujeres. En uno u otro mencionó a los pueblos indígenas, a “creyentes y no creyentes”, a católicos, evangélicos y librepensadores, a líderes religiosos y a organizaciones de derechos humanos, a campesinos y obreros. De las mujeres, fuera del “amigas y amigos”, nada. Habrá quien se sienta incluida en estos conjuntos, pero la omisión, en sí, es significativa. Lo es también que surjan en el discurso político reiteradas referencias a creencias religiosas, por demás innecesarias.

Argumentar que el futuro presidente está comprometido con la igualdad porque ha propuesto un gabinete paritario es reducir ésta a unas cifras. La igualdad de género pasa por la igualdad de oportunidades, pero exige también el respeto a las libertades, a la autonomía y al ejercicio pleno de los derechos, en todos los ámbitos.

En este sentido, los discursos recientes de López Obrador parecen confirmar, si no indiferencia, sí incomprensión acerca de las necesidades específicas de las mujeres. Por ello, quien quiera una verdadera igualdad habrá de ejercer la crítica y defender los derechos de las mujeres y de la diversidad, contra las tentaciones confesionales y las inercias machistas que rondan al futuro mandatario.

Lucía Melgar

Crítica cultural

Transmutaciones

Es profesora de literatura y género y crítica cultural. Doctora en literatura hispanoamericana por la Universidad de Chicago (1996), con maestría en historia por la misma Universidad (1988) y licenciatura en ciencias sociales (ITAM, 1986).