La competencia económica es un factor determinante para el crecimiento, la competitividad y el bienestar social. La competencia entre las empresas trae consigo precios más bajos, mayor eficiencia, mejor calidad de los bienes y servicios e innovación en los mercados.

En un mercado donde prevalece la competencia económica, las participaciones de mercado de las empresas están determinadas por el precio y la calidad de sus bienes y servicios, así como por suficiencia y capacidad para atender las necesidades de sus potenciales consumidores. Evidencia de otros países muestra que la instrumentación de reformas en favor de la competencia puede contribuir al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en alrededor de 2.5 puntos porcentuales e incrementar la tasa de empleo entre 2.5 y 5 puntos porcentuales.

México lleva 20 años con una política de competencia formal a partir de la promulgación de la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), que creó la ahora desaparecida Comisión Federal de Competencia (CFC). Posteriormente, se realizaron dos reformas a la LFCE que respondieron a las mejores prácticas internacionales en la materia. Sin embargo, persisten retos importantes para garantizar niveles deseables de competencia en los mercados nacionales y equiparar los resultados de la política de competencia en México con los de los países líderes en la materia.

Las autoridades de competencia en las diversas jurisdicciones del mundo enfrentan el importante reto de cumplir con el mandato que les ha sido encomendado, sujeto a las restricciones presupuestarias que les fija su entorno. Ante ello, un instrumento importante para maximizar el impacto de sus intervenciones y optimizar el uso de sus recursos es establecer una estrategia de priorización.

Por estas razones, la heredera de la CFC, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), ha decido establecer una estrategia de priorización, a fin de enfocarse en los sectores económicos que le permitan maximizar la efectividad de sus intervenciones, sin que esto implique que no se atiendan problemas de competencia en otros sectores. La Comisión ha definido seis criterios, mediante los cuales establecerá los sectores que deberán ser prioritarios para el periodo 2014-2017. Los criterios de priorización son los siguientes:

• Crecimiento económico: identifica aquellos sectores que, por su tamaño de mercado y tasa de crecimiento, contribuyen en mayor medida al PIB nacional.

• Consumo generalizado: enfatiza a los sectores productores de bienes y servicios de mayor demanda entre la población en general.

• Impacto transversal: indica los sectores y mercados donde se producen bienes y servicios intermedios que son insumos para la producción de bienes y servicios de consumo final.

• Hogares de menores ingresos: destaca los sectores que producen bienes y servicios que tienen mayor impacto en el gasto de las familias con mayores carencias económicas.

• Sectores regulados: acentúa los sectores económicos en los que existen regulaciones y/o prácticas gubernamentales que podrían crear barreras a la competencia.

• Riesgo de conductas monopólicas: identifica las características de los mercados y las regulaciones que puedan facilitar los acuerdos colusivos o el abuso de poder sustancial.

Ojalá que el programa del 2014 no sea un ejercicio meramente académico y juguetón. Hay suerte en ver que es la primera ocasión en que hay planeación, al menos sobre el papel, tomando en cuenta que, como dice Gabriel Zaid, a mayor planeación, resultado.

*Máster y doctor en Derecho de la Competencia, profesor de la UAEM y socio del área de competencia, consumidores y protección de datos personales.