Además de la altísima concentración del sector telecomunicaciones (65%) en manos de un solo agente económico (América Móvil y el conglomerado de empresas del ingeniero Carlos Slim Helú y su familia), y la consecuente pérdida en el bienestar del consumidor ante la ausencia de una competencia robusta, la industria ha sido rehén de una política fiscal de corto plazo, con un enfoque claramente recaudatorio, que ha desincentivado a lo largo de los años el desarrollo del sector, la inversión en infraestructura y la conectividad social.

En una medida absurda para la recesión económica más grave en que ha caído el país desde 1932, el gobierno del presidente López Obrador pretende cobrar a las empresas de telefonía e Internet móvil hasta 56.5% más de lo que les cobró durante 2020 por el uso del espectro radioeléctrico. Pueden parecer conceptos muy complicados, pero el gobierno no aporta ningún valor por el uso de este “bien del dominio público”. En realidad, cobra a las empresas por permitirles transmitir luz en la superficie de la tierra. No hace nada más. Los transmisores y toda la inversión en infraestructura la ponen las empresas y el gobierno, sentado de brazos, levanta la mano una vez que éstas encienden los transmisores. Y ya se le hizo fácil estirar la mano sin hacer nada y sin que le importen las consecuencias. Durante años, Telefónica expuso al gobierno, con información y datos duros, que los cobros por el uso del espectro radioeléctrico en México son de los más elevados de la OCDE. Al gobierno no le importó y siguió cobrando lo mismo. Ante los altos costos que representaban los pagos al gobierno por el uso del espectro, hace apenas un año, Telefónica decidió devolver sus concesiones y dejar de pagar por el uso del espectro. A la par, llegó a un acuerdo con AT&T para usar parte de su capacidad. En este caso, el gobierno, por cerrado, burocrático y corto placero, dejará de recibir el 100% de los derechos que le pagaba Telefónica, y todo por no querer reducirlos un poco para alinearlos a las referencias internacionales.

Ahora, el gobierno vuelve a cometer el mismo error e incrementa en 56.5% los derechos por uso del espectro que pagarán Telcel y AT&T, además de imponer nuevos derechos para las bandas que se usarán para el despliegue de las redes 5G y otras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones pretende licitar próximamente. Este incremento en costos del espectro se convierte, sin duda, en una nueva barrera de entrada para nuevos competidores y en una presión a la alza sobre los precios al consumidor.

Aún más, ante la falta de sensibilidad del gobierno, no descartemos futuros acuerdos para compartir infraestructura y espectro entre los operadores, incluyendo al agente económico preponderante en telecomunicaciones, a través de Telcel, con el objeto de disminuir el impacto en su estructura de costos de esta agresiva política recaudatoria por parte del gobierno de López Obrador.

En materia fiscal siempre será mejor fomentar el crecimiento del sector, la inversión en infraestructura y la conectividad para más usuarios, de tal manera que se generen ISR e IVA, que pretender cobrar mucho en el corto plazo por el uso del espectro radioeléctrico. Ojalá los legisladores lo entiendan. Hay argumentos sólidos para ganar amparos ante esta arbitrariedad, aunque lo ideal sigue siendo hacer entrar en razón a diputados y senadores.

 

Gerardo Soria

Presidente del IDET

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Abogado especialista en sectores regulados. Presidente del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET). Doctorando en letras modernas en la UIA.