La reforma energética ha sido un éxito indudable. Se terminaron los monopolios y se abrieron cauces amplios a la inversión privada. En petróleo y gas se han licitado de manera escrupulosa bloques de hidrocarburos con una considerable utilidad para las arcas públicas. Pemex ahora tiene socios para emprender proyectos de gran envergadura y se ha convertido en una empresa productiva del Estado. Se han creado varias empresas mexicanas con capacidades de exploración y explotación, y se generan miles de empleos bien remunerados. Se ha puesto en marcha un vibrante mercado de distribución de petrolíferos en el territorio nacional, que permitirá niveles significativos de eficiencia y precios competitivos para los consumidores. Se han disuelto los conflictos de interés y ahora la Comisión Nacional de Hidrocarburos tiene la responsabilidad de administrar la riqueza de la nación en la materia y regular a empresas participantes de manera competitiva, imparcial y eficiente. Por su parte, la Comisión Reguladora de Energía posee facultades para regular el transporte, almacenamiento y distribución de petróleo, gas natural, petrolíferos así como ductos e instalaciones de almacenamiento. Y, en el contexto de la propia reforma, se terminaron los escandalosos y regresivos subsidios a las gasolinas que promovían ineficiencia y contaminación, habiéndose establecido un nuevo impuesto (IEPS) transparente y de gran potencial de recaudación.

La era del petróleo terminará en unas pocas décadas (y no por escasez de petróleo, al igual que la edad de piedra no acabó por escasez de piedras, como lo dijo un célebre exministro saudita). La electricidad sustituirá gradualmente al motor de combustión interna, como ya se atisba y constata la industria automotriz. Por ello, lo más trascendente de la reforma energética está en el sector eléctrico. Ahí se desmontó el monopolio y monopsonio de CFE y se desagregó competitivamente la cadena de valor en generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, que queda abierta a la inversión privada, excepto la gestión de la red de transmisión, que es responsabilidad del Estado a través del Centro Nacional de Control de Energía. Esta entidad regula imparcialmente el acceso a la red para los productores, opera el sistema eléctrico nacional y el nuevo mercado eléctrico. Los usuarios calificados de energía pueden contratar bilateralmente con generadores el abastecimiento o bien acudir al mercado spot horario o diario así como a subastas. Hay suministradores que operan como mayoristas, manejando carteras de generación de distintas fuentes, y representan en el mercado eléctrico a los consumidores; también hay transportistas que invierten en ampliaciones a la red eléctrica. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) es responsable de la regulación de los servicios públicos de transmisión, comercialización y distribución eléctrica. Y lo mejor: la reforma en el sector eléctrico ha permitido crear todo el complejo andamiaje regulatorio y de incentivos necesarios para avanzar en la transición energética y en la política de cambio climático. En efecto, los generadores de energía limpia (solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica) cuyos proyectos hoy se multiplican tendrán ventajas de interconexión y serán acreedores a certificados de energía limpia (CEL) otorgados por la CRE. Mientras tanto, los grandes usuarios de electricidad estarán obligados a partir del 2018 a consumir un porcentaje creciente de energía limpia (fijado por la Sener), o bien, a comprar los CEL correspondientes, lo que implicará un mercado en paralelo al mercado de electricidad, de potencia, servicios conexos y derechos financieros de transmisión.

En EU, el populista Trump amenaza con una regresión energética, ambiental y climática. En México, también. Lo anterior está en peligro de demolición, tal como lo promete y arenga el candidato populista en campaña permanente, si llega al poder en el 2018.