Durante los últimos meses hemos experimentado un crecimiento significativo en el precio del gas licuado del petróleo. Tan solo en la Ciudad de México, en un año los precios aumentaron más de 60 por ciento. Esto amenaza el cumplimiento de las metas inflacionarias de 2021.

Ante ello, se anuncia que el gobierno examina la posibilidad de establecer un precio máximo. De igual manera, la Profeco ha exhortado a los comercializadores a evitar fenómenos de especulación, bajo la amenaza de clausura (esperemos que la autoridad no arroje gasolina al fuego, con una restricción de oferta que encarecería más el producto).

La regulación de precios es una medida que debería aplicarse de manera selectiva, en aquellos casos en que no es factible obtener una solución por la vía de la competencia. Es el caso de algunas industrias en las que existen economías de escala que impiden la entrada de competidores. Esta no es la situación de la industria del gas LP, en la que ha habido la entrada de nuevos competidores, que han configurado un nuevo panorama de la estructura de los mercados.

Regular precios es una tarea compleja y, en muchos casos, se ejecuta mal. El regulador requiere de información detallada acerca de los costos de operación de las empresas y debe tomar en consideración factores diversos, de manera que con frecuencia la autoridad se equivoca, ya sea fijando precios elevados, que no cumplen con los objetivos de la regulación, o bien estableciendo precios insuficientes para permitir la sana operación de las empresas, que conllevan, a la larga, un deterioro de las condiciones de operación.

En el caso que nos ocupa, la causa del incremento de pecios se atribuye a aspectos distintos a la falta de competencia, y tiene que ver con la existencia de cuellos de botella derivados de la insuficiente inversión en infraestructura, así como por un incremento en el precio internacional de los energéticos.

Más allá de si resulta conveniente la intervención estatal, debemos aclarar que el marco jurídico vigente no permite la regulación de precios en situaciones como la actual coyuntura. Hasta antes de la apertura económica de los años noventa del siglo pasado, el gobierno tenía amplio margen para regular precios.

Esas facultades desaparecieron con la entrada en vigor de la Ley Federal de Competencia Económica en 1993, que significó la derogación de la Ley sobre Atribuciones del Ejecutivo Federal en Materia Económica, que era el ordenamiento que permitía la aplicación de medidas, en ocasiones discrecionales, para regular precios. 

El marco legal de la competencia económica establece que la imposición de precios máximos de bienes necesarios para la economía nacional o el consumo popular es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal, mediante decreto. Sin embargo, se requiere acreditar la inexistencia de condiciones de competencia, lo cual deberá ser declarado por la Cofece previo desahogo de un procedimiento que sigue diversas formalidades, así como un estudio profundo del mercado.  

Esto significa que el Ejecutivo no puede disponer libremente de la facultad de fijar precios. En todo caso, la única razón por la que lo puede hacer es por la falta de competencia, previamente acreditada. El sistema actual está diseñado para que la intervención regulatoria sea la excepción y no la norma. Para aplicar una medida de intervención general, se tendrían que desahogar innumerables procedimientos, probablemente cientos de ellos, para analizar las condiciones particulares de mercados regionales.

Fijar el precio del producto no es la solución y no es viable. La salida, a mediano y largo plazo, para aminorar los efectos de los cuellos de botella, es adoptar medidas para estimular la entrada de nuevos competidores a los mercados y desarrollar infraestructura. Para ello, es indispensable dotar de certidumbre a los inversionistas. El respeto irrestricto al estado de derecho y la garantía de cumplimiento de los contratos, son la clave.

*Consultor de Ockham Economic Consulting, especializado en competencia económica y regulación y profesor universitario.

@javiernunezmel

Javier Núñez Melgoza

Consultor

Competencia y Mercados

Consultor en Competencia Económica y Regulación, además es profesor universitario.

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