El cambio demográfico ofrece oportunidades para el desarrollo individual, social y económico del país; sin embargo, también plantea serios desafíos. Las oportunidades que ofrece el envejecimiento poblacional se materializarán en la medida que se garantice una vida saludable, activa y segura para toda la población, lo cual requiere un rediseño de las instituciones jurídicas, sociales y económicas actuales. Se necesita un enfoque nuevo y diferente en la estrategia de desarrollo, de combate a la pobreza y de sustentabilidad, que reconozca la transición demográfica, considere la perspectiva de curso de vida y, en especial, el aumento de la población adulta mayor.

Para lograr estos objetivos, la política a implementar, para ser eficaz, debe incluir un conjunto de programas y acciones en el ámbito legal, institucional, social, cultural y económico. Asimismo, su visión deberá ser intergeneracional, en cumplimiento irrestricto de los derechos humanos y de los derechos de las personas adultas mayores, con perspectiva de género y reconocimiento de nuestra multiculturalidad. Destacan los siguientes ejes básicos:

Normatividad e instituciones. Fortalecer los marcos normativos internos y cumplir con los acuerdos internacionales, a fin de garantizar el reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos de las personas mayores y el respeto irrestricto de la dignidad humana. Ratificar la convención interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

Marco macroeconómico. Adecuar las finanzas públicas para dar seguridad, hoy y en el futuro, a las asignaciones presupuestales que atienden a las personas mayores, particularmente salud y pensiones. Revisar el funcionamiento de las instituciones de seguridad social para asegurar su viabilidad financiera a la vez que resuelvan los requerimientos integrales de las personas mayores.

Salud. Adecuar la organización, funcionamiento y financiamiento de los sistemas de salud públicos y privados. Instrumentar programas que reconozcan los nuevos perfiles epidemiológicos concernientes a la población adulta mayor y operen con un enfoque preventivo a la vez que geriátrico. Incluir con esta perspectiva los requerimientos de personas mayores, en particular, cuidados de largo plazo, servicios psicológicos y psiquiátricos. Promover desde edades más tempranas la adopción de estilos de vida que propicien un envejecimiento activo y saludable.

Seguridad económica. Fortalecer el sistema de pensiones para asegurar cobertura universal y pensiones adecuadas a la población en etapa de retiro. Fomentar la planeación financiera del retiro. Generar incentivos a la formalización del empleo y reconocer la dinámica de los mercados laborales con trabajadores independientes, particularmente entre la población joven. Propiciar la movilidad social para que las poblaciones más jóvenes envejezcan de forma más segura.

Inclusión social. Promover la inclusión efectiva de las personas mayores mediante políticas de diseño de ciudades amigables, educación, cultura y deporte. Fomentar la participación de las personas mayores en la vida pública. Todo ello, considerando condiciones de migración, multiculturalidad y género para evitar todo tipo de discriminación.

Cultura de envejecimiento. Desarrollar programas de educación y comunicación en torno al concepto de envejecimiento digno con calidad de vida, lo que implica preparase desde edades más tempranas en términos económicos, de salud y bienestar.

Para obtener mayor información sobre el sistema de pensiones visite la página de Internet: www.amafore.org