Como le adelanté la semana pasada, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) acaba de crear la Dirección General de Mercados Digitales, poniendo en entredicho las atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) para regular a esos mercados. Es cierto que existe el precedente del caso Uber-Cornershop en el que un Tribunal Colegiado resolvió que la competencia correspondía a Cofece, pero también es cierto que la sentencia es muy superficial y se limita a repetir dogmáticamente los argumentos de la propia Cofece. Si el IFT quiere tener futuro debe llevar el diferendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de una controversia constitucional. El plazo empezó a correr el 4 de julio, fecha en que entraron en vigor las reformas al estatuto orgánico de la Cofece. Aún así, el asunto de la procedencia de la controversia constitucional tiene sus bemoles y debe ser estudiado muy a fondo.

No se me malinterprete. En mi opinión, la Cofece y el Banco de México son, junto con la Suprema Corte, las instituciones más sólidas y profesionales del Estado mexicano. La nueva Cofece, me parece a mí, ha dado muestras de profesionalismo e independencia de las que el IFT no puede presumir. Mi preocupación responde al hecho de que lo que Cofece ha llamado mercados digitales y las telecomunicaciones están intrínsecamente relacionados. Es más, hasta el 2014 eran servicios de telecomunicaciones, definidos en la ley como servicios de valor agregado.

Para los jueces y magistrados especializados (que en realidad no están especializados en nada), va un poco de historia. Entre el 2000 y el 2005 empezaron a surgir plataformas que permitían hacer llamadas por internet sin utilizar las redes telefónicas tradicionales; para colmo, empezaron a añadirle video a las llamadas. A ustedes les sonará el nombre: Skype. Pues bien, todas las empresas concesionarias de redes públicas de telecomunicaciones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la entonces Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), sacaron desplegados en los periódicos diciendo que esas empresas eran ilegales y era piratería porque no tenían concesión. Yo siempre sostuve que no lo eran porque se ajustaban plenamente a la definición de servicios de valor agregado. Por su parte, los celulares intercambiaban mensajes SMS al amparo de convenios de interconexión sancionados por la Cofetel (es decir, son servicios de telecomunicaciones), pero BlackBerry sacó su servicio de mensajería instantánea sin siquiera molestarse por registrarlo como servicio de valor agregado, y después vino WhatsApp, que interconecta a todos sus usuarios a través de la nube de internet sin importar con qué concesionario de telecomunicaciones están. ¿Es WhatsApp un servicio de telecomunicaciones aunque no requiera concesión? Sí. Sí lo es. ¿Lo son Netflix, Amazon Prime, Facebook, Google, ICloud, etc.? Sí, lo son. ¿Uber lo es? En mi opinión, sí. Su servicio no es el transporte, es la telecomunicación para conseguir el transporte, la información en tiempo real de la ruta, el trayecto y el destino, así como el pago. ¿Quién será competente cuando el usuario pueda pausar una película de Amazon Prime y comprar con un clic el vestido de la protagonista? Porque me parece que respecto a la competencia sobre plataformas de audio y video de paga no hay diferendo ¿o sí lo hay, Cofece?

Cofece, la competencia en toda la economía del país depende de ustedes, permitan que el IFT se especialice en lo suyo y dejen este duelo de egos del que nadie saldrá ganando.

Gerardo Flores Ramírez

Experto en telecomunicaciones

Ímpetu Económico