Como resultado del cierre casi total de la economía, nuestro país aceleró y profundizó el freno económico que provocó el cambio de gobierno. La mayoría de la sociedad votó por un cambio en el cómo se venían haciendo las cosas; particularmente en el tema de la corrupción e inseguridad, así como por la necesidad de hacer algo más de lo hasta ahora hecho, por la gente pobre y los estados del sur del país.

El nuevo gobierno, sin embargo, ha considerado que, para lograr este mandato electoral, debe guardar sana distancia con el sector privado y los postulados de la libre empresa y libre mercado a quienes señala no sin parte de razón, causantes de muchos de los males del país, sobre todo, por el debilitamiento del estado mexicano a causa de la pésima implementación del neoliberalismo a la mexicana. En efecto, haber privatizado a las empresas del estado en manos de unos cuantos, ha generado enorme concentración de riqueza y prácticas oligopólicas en sectores como telecomunicaciones y bancario al mismo tiempo que, dejó el nocivo monopolio del estado en energía. El también conocido “capitalismo de cuates”, provocó una insana relación entre un puñado de empresarios oligarcas y la clase política que amaso fortunas obscenas e insensibilizó al gobierno con relación a las necesidades de 40% de los mexicanos que viven en pobreza.

Con esta lógica el gobierno del presidente López Obrador ha decidido profundizar al extremo la austeridad para llevar más recursos tanto a los más necesitados como para infraestructura en los estados del sur en donde se concentra el mayor número de pobres. También ha decido tomar buena parte del dinero que se libera para hacer frente al pago del costo de la cancelación del aeropuerto de la CDMX e inyectar dinero a Pemex sin restructurarlo a fondo, ni tocar al sindicato. La idea no es equivocada, pues existen estados, particularmente en el centro y norte que, por su nivel de desarrollo, pueden acceder a otras fuentes de ingreso para continuar su desarrollo y así poder descargar el presupuesto público en otras regiones. Ahora se necesita que esas sumas de dinero se gasten correctamente en estos estados al igual que, por ética elemental, se evite que las transferencias de dinero a las personas les impida desarrollar una autentica ciudadanía y no sean objeto de intereses electorales.

En el sector externo se ha apostado por el libre comercio con Norteamérica y en lo interno por la austeridad y el fomento a un estado fuerte con nulo estimulo al sector privado y, hasta ahora, poco interés en la clase media, pequeñas y medianas empresas. La disciplina fiscal, apertura comercial y dependencia de recursos naturales, particularmente, petroleros, podría ser la definición de la política económica. No obstante, la pandemia y el freno económico que hemos observado, requieren entender que el dinero guardado o detenido en una economía no es útil sino al contrario, se debe poner a circular rápidamente vía inversión, fomento y creación de empleos. Igualmente, es fundamental desarrollar una política industrial, hasta ahora ausente, para impedir que se mantenga estancado el sector secundario. Por último, se puede enriquecer la aportación económica del presidente con un decidido plan de estimulo fiscal a los profesionistas y Pymes para evitar seguir deteriorando su estado actual producto del estancamiento económico al que asistimos.

Carlos Alberto Martínez

Doctor en Desarrollo Económico y Derecho

AUCTORITAS

Profesor en la Universidad Panamericana, Ibero y TEC de Monterrey. Ha trabajado en el Banco de México, la Secretaría de Hacienda, en Washington, DC y en la Presidencia de la República. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía con investigaciones en el campo de la ética y la economía. Autor de libros en historia económica, regulación financiera y políticas públicas.

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