Aunque ambos eligieron la misma estrategia de victimización y esperan sacar partido político de esa iniciativa, en el fondo, los expresidentes Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner (CK) no se parecen en casi nada.

Lula, en Brasil, es valorado por propios y extraños por haber incorporado al mercado de trabajo en particular y el sistema económico y social, en general, a millones de pobres que vivían marginados. Lo hizo mientras gobernó, desde el 2003 hasta el 2010, gracias a una política económica sostenida en el precio de los commodities, con baja inflación y cientos de microprogramas que llegaron hasta las zonas más pobres y olvidadas.

Cristina Fernández, en cambio, gobernó durante la primera parte de su primer mandato, con el impulso de las políticas económicas iniciadas por su marido, pero desde el principio se caracterizó por negarse a investigar los casos de corrupción. “Hizo campaña diciendo que iba a transformar a Argentina en Alemania y la terminó convirtiendo en Venezuela”, dijo en su momento Alberto Fernández, cuando todavía conservaba la memoria.

Lula, en Brasil, tuvo la suficiente cintura política como para hacerle creer a la opinión pública que todo lo que hizo fue virtuoso y que el ajuste que debió aplicar su sucesora no fue producto de sus anteriores decisiones.

A Cristina, en cambio, las cartas marcadas se le vieron enseguida. Quizás el punto de inflexión sucedió a principios del 2011, cuando movió los labios para pronunciar la frase: “Vamos por todo”, inmediatamente después de la tragedia de Once. Ya había tomado la decisión de inaugurar el denominado cepo cambiario, que trastornó de manera ostensible la economía de bolsillo de casi todos los argentinos.

El exdirigente metalúrgico estuvo casi a punto de lograr su deseo de transformarse en presidente una vez más. De hecho, todavía las encuestas lo muestran como uno de los candidatos con más posibilidades de ganar las elecciones nacionales de octubre próximo, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral. Cristina Fernández, en cambio, hace tiempo que inició su caída final. Es verdad que todavía conserva una intención de voto de más de 25% a nivel nacional. Pero también es cierto que esa expectativa lo único que hace es favorecer la fragmentación del voto de la oposición. Tampoco se parecen tanto las denuncias que pesan sobre Lula y las que tienen en vilo a Cristina Fernández. El delito que puso al expresidente en una cárcel VIP es la presunta aceptación de una dádiva de una constructora, quien le habría comprado un tríplex en Guarujá y habría pagado además las refacciones y los arreglos. Todo, por un total de 1.2 millones de dólares. En el caso de la expresidenta, se la acusa de ser la jefa de una asociación ilícita y de favorecer a los mismos empresarios que le entregaron retornos en diferentes modalidades y por decenas de millones de dólares.

La otra gran diferencia es el sistema judicial. En Brasil, un juez de Curitiba, Sergio Moro, pudo privarlo de su libertad en un tiempo relativamente breve. En Argentina, a pesar de las contundentes evidencias que la inculpan, Cristina Fernández sigue libre, vivita, coleando y dando clases de política y de moral, protegida por el bloque mayoritario de Senado. Esa mayoría hace que la Cámara Alta termine funcionando más como una guarida para presuntos delincuentes que como una organización creada para elaborar leyes.