Mientras los Diputados Federales discutíamos la desaparición de los 109 fideicomisos, de manera urgente y en lo “oscurito”, era entregada en San Lázaro una iniciativa de mi paisano el presidente López Obrador para reformar la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cuyo objeto es abrir mayor posibilidad para entregar créditos directos sin intermediarios a los trabajadores, algo que a todas luces es otra estrategia electoral más rumbo al proceso 2021.

Para que se den una idea del tamaño del Infonavit, éste concentra el 5% del salario de los trabajadores a su servicio, y es un organismo tripartita donde las decisiones las toma el gobierno, de la mano de los patrones y los trabajadores. Su patrimonio asciende a medio billón de pesos, y su cartera de créditos actual es de alrededor de un billon y medio de pesos, lo que equivale a una cuarta parte del gasto público total.

Lo más preocupante es que pretenden pasarla en fast track, a pesar de que no se ha discutido en la Junta Directiva ni en el Pleno de la Comisión de Vivienda, y mucho menos se han escuchado los argumentos de los expertos; pero eso sí, ya anda circulando un dictamen en sentido positivo que dicen salió directamente de la oficina de Julio Scherer, impactando drásticamente el fondo que administra los recursos de los trabajadores para el derecho a una vivienda digna y decorosa como lo establece nuestro artículo 4º Constitucional.

Como lo he mencionado, esta iniciativa pretende darle más énfasis al financiamiento directo a trabajadores, incluyendo a quienes no están activos, pero si éstos no se operan con el debido cuidado, podría afectar el control de pagos y la sólida posición financiera del Instituto, justo en un momento donde la economía nacional atraviesa su peor momento.

De los cambios propuestos rescato la posibilidad de diversificar los productos de financiamiento, incorporando la compra de terrenos, así como la autoconstrucción de vivienda; sin embargo, es elemental que se incorporen reglas que aseguren los usos de suelos correspondiente para no seguir abonando al desorden urbano, así como el acompañamiento de profesionales de la construcción ante los muy lamentables riesgos de desastres naturales, que se acentúan más, justamente en la autocostrucción.

Debo también decir que desafortunadamente esta iniciativa no toca los verdaderos problemas del Infonavit, como son las altas tasas de interés y los techos de financiamiento que en algunas zonas del país, son insuficientes para adquirir vivienda digna. Además, tendrían que establecerse los mecanismos desde la Ley para que se privilegie la entrega de créditos a quiénes no han podido acceder en ninguna ocasión o que tienen los salarios más precarios. ¡Nada está contemplado en la Ley!

Aunado a lo anterior, esta reforma una vez más estigmatiza a las instituciones finacieras como si fueran los villanos de la película, y sin duda, abriría la posibilidad de que el recurso se use para acciones y programas que no están relacionados con la vivienda ¿cuál es la opinión del propio Infonavit? ¿cómo se le dará seguimiento? ¿cuáles serán las reglas de operación?

Al parecer, 2020 será un año más de cerrazón y decisiones de política públicas que pueden poner en riesgo a nuestras instituciones. Reitero que como Diputada Federal estoy a favor del acceso a una vivienda digna, pero nada en lo oscurito y todo con la mayor transparencia posible, ésta es la única vía para que prevalezca la democracia y los consensos por el bien de México.

Soraya Pérez

Economista

Entre Números

Expresidenta de la Federación de Colegios de Economistas de la República Mexicana A.C.

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