Todos somos consumidores, sin importar cuál sea la fuente de nuestro ingreso. Como individuos, dada la escasez de recursos a la que nos enfrentamos, entre más baratos y de mayor calidad sean los bienes, mayor será el nivel de bienestar que se pueda alcanzar para nosotros y nuestra familia. En este sentido, el diseño y la instrumentación de la política pública tiene como fin último generar las condiciones para que el bienestar de los consumidores sea el mayor posible y con una tendencia creciente. Uno de los aspectos más importantes al respecto es generar en la economía las condiciones para que los mercados de bienes, servicios y factores de la producción operen en un contexto de competencia.

Recientemente, dos importantes decisiones se han tomado que traerán beneficios para el consumidor. La primera es la aprobación en el Congreso de la Unión de las reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, dotando a la Comisión Federal de Competencia de mayor fuerza para penalizar las prácticas monopólicas. La segunda fue la decisión de la Suprema Corte de Justicia en materia de las tarifas de interconexión entre compañías de telefonía.

Esta decisión evita que las empresas puedan recurrir al amparo de la justicia federal para suspender -aunque sea transitoriamente- la decisión de la Cofetel en la fijación de tarifas de interconexión y, a la larga, traerá mayores condiciones de competencia en este mercado, con un beneficio para los consumidores, quienes enfrentarán menores tarifas de telefonía celular.

Ambas decisiones son naturalmente bienvenidas, pero faltan más para poder sentar las condiciones institucionales que se requieren y poder afirmar que, efectivamente, la política pública en su conjunto está enfocada al bienestar de los consumidores. Destaca en primer lugar la persistencia de altas barreras regulatorias para la apertura y operación de empresas, mismas que constituyen barreras de entrada a los mercados, lo que inhibe la competencia, además de constituirse como un proceso plagado de corrupción que permite a los funcionarios públicos apropiarse de una parte de las utilidades de los proyectos de inversión. Se requiere, en consecuencia, un profundo proceso de desregulación para hacer ésta más transparente y eficiente.

En segundo lugar, es indispensable proseguir, inclusive acelerar el proceso de desgravación arancelaria para importaciones provenientes de países con los cuales no hay acuerdos de libre comercio, a pesar de las demandas de la Concamin y la Canacintra que exigen que la apertura se detenga o revierta. Siendo México una economía pequeña, en el sentido de que no tenemos influencia significativa sobre los precios internacionales de los bienes, el óptimo para nuestra economía es una de libre comercio total.

Tercero, también en el mercado de la telefonía, pero en este caso la fija, resulta indispensable permitir que empresas de capital mayoritariamente extranjero puedan ser propietarias de la totalidad de una empresa instalada y operando en México. El argumento de reciprocidad para abrir totalmente este mercado a empresas extranjeras no tiene sustento. A nuestros legisladores lo único que debe importarles es el bienestar de los consumidores mexicanos de telefonía; no tienen que ocuparse del bienestar de los consumidores ingleses, españoles, italianos o franceses, para eso están sus gobiernos.

Finalmente, es indispensable abrir el mercado de hidrocarburos a la participación privada, nacional y extranjera. La nación seguiría siendo la dueña del petróleo crudo, los consumidores ganaríamos y la soberanía nacional se fortalecería.

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