En esta ocasión, al controvertido Partido Verde Ecologista le asiste la razón. Nos referimos a la Ley General de Biodiversidad, cuyo dictamen fue aprobado el pasado diciembre por el Senado y actualmente se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados. Después de casi dos años de debate y consultas plurales y extensas, el texto ha logrado coherencia e importantes alcances que lo convierten en un instrumento valioso en la materia. Ello, a pesar de feroces impugnaciones, por un lado, desde trincheras francamente ideológicas y cuyo interés de fondo poco o nada tiene que ver con la biodiversidad misma. Por el otro lado, desde sectores comerciales que la ven como inaceptable desafío a un provechoso (pare ellos) estatus quo legal y regulatorio; tal es el caso de sectores pesqueros. Los diputados no deben ceder a presiones y sofismas, y deben aprobarla cuanto antes.

Su contenido se dirige al tema central en la agenda de sustentabilidad del país: nuestro patrimonio biológico. Ciertamente, continúa siendo un texto demasiado retórico, pleno de aspiraciones discursivas, y desbordante de corrección política. (Incluso con licencias poéticas —fuera de lugar en un texto legal— puestas de moda por la Constitución de la CDMX). No obstante es comprensivo e integrador, ya que visualiza a la biodiversidad tanto en su nivel de genes como de especies, poblaciones y hábitats. Hace eco de acuerdos internacionales como el Protocolo de Nagoya sobre acceso a los recursos genéticos, y lo logra buscando equidad en el reparto de posibles beneficios en biotecnología y otras ramas industriales, particularmente con respecto a pobladores rurales, considerados custodios ancestrales de este capital natural. Ofrece un marco legal a la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad; mantiene la vigencia de todos los capítulos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y retoma, fortalece y desarrolla conceptos de la actual Ley de Vida Silvestre, a la cual deroga.

De manera indudable, uno de sus méritos es cohesionar todas las disposiciones legales sobre biodiversidad, y apelar no sólo al gobierno federal, sino también a responsabilidades de estados y municipios

Pero su mayor mérito radica en asumir indispensables nuevos ámbitos para la política pública en biodiversidad en los mares y océanos de México, y en tratar de equilibrar la distribución de competencias entre la Semarnat y Sagarpa-Conapesca. En efecto en el Artículo 90 establece la posibilidad de que la autoridad ambiental imponga vedas para poblaciones y especies marinas. Esto abre la posibilidad de contener y revertir procesos preocupantes y devastadores de sobre-explotación pesquera. Ha sido absurdo que la biodiversidad marina se encuentre en manos exclusivas de una entidad (Conapesca) capturada por intereses de la industria, que es juez y parte, que prodiga subsidios con consecuencias ecológicas devastadoras, que permite artes de pesca altamente destructivas, y que es responsable de la extinción de especies (vaquita marina) y de que más de 85% de las pesquerías de nuestro país se encuentren sobre-explotadas o a punto de serlo. La nueva Ley General de Biodiversidad introduce un corrector a este drama, y no sólo en el caso de las vedas, sino también de regulaciones y prohibiciones al exterminio de tortugas,  tiburones y rayas (elasmobranquios) en el Artículo 53. Por otro lado, la ley conserva la prohibición a la afectación de manglares (ecosistemas de transición marino-costera) ya establecida en la actual Ley de Vida Silvestre. Se preserva la figura de refugios en hábitats críticos para especies (incluyendo marinas), y la relación con la normatividad para especies amenazadas o en peligro.

Todo esto es lo que ha levantado la oposición de intereses pesqueros. Los diputados deben resistir y atender al interés público.

GabrielQuadri de la Torre

Ingeniero Civil y Economista

Verde en Serio

Político, ecologista liberal e investigador mexicano, ha fungido como funcionario público y activista en el sector privado. Fue candidato del partido Nueva Alianza a Presidente de México en las elecciones de 2012.