La impunidad declarativa ha sido la protagonista de la semana en el sector energético. El presidente López Obrador la introdujo con bombo y platillo al sugerir que la fuerza moral de su nacionalismo energético, plasmado en unos pocos párrafos del T-MEC, suspendió la fuerza de gravedad de prácticamente cualquier tratado comercial: las cláusulas de acceso no discriminatorio a mercados no-monopólicos y de protección a las inversiones. Sólo hay que leer el tratado. ¿Dónde exactamente dice eso?

Desde ahí, los mitos y desaciertos se han multiplicado. La senadora Xóchitl Gálvez, por ejemplo, publicó “12 mentiras o imprecisiones” de la secretaria Rocío Nahle en su comparecencia ante el Senado. ¿La más escandalosa? Afirmar que el gobierno canceló las subastas energéticas por lo caro que el porteo resultaba para la CFE. Esto es verificablemente falso: las subastas, que estaban diseñadas para nuevos proyectos, no tienen nada que ver con el porteo, que sólo aplica a proyectos ‘legados’.

Pero, entre todo esto, hay que reconocer un punto en el que el presidente López Obrador tiene la razón. Efectivamente, favorecer a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad al punto de extinguir o ahuyentar a la competencia “es la única manera de que [él] pueda cumplir el compromiso que [tiene] de que no aumenten los precios de la energía eléctrica, de las gasolinas y del diésel”.

Bajo un modelo de mercado, sólo un político como el expresidente Peña Nieto se atreve a garantizar que los precios de cualquier producto van a bajar. La evidencia apunta a que, gracias a la competencia, los distintos eslabones de la cadena de valor terminan siendo más productivos – y que eso genera ahorros relativos al punto de partida. Pero en un mercado abierto, particularmente en un sector que depende de commodities con precios que se establecen a partir de dinámicas globales (como el petróleo y las gasolinas), es imposible garantizar que los precios van a ir siempre hacia abajo. Si el objetivo es tener precios que jamás crezcan nominalmente, los subsidios transparentes deberían ser el primer candidato. Pero ¿qué clase de político confesaría que su plan no consiste más que transferir recursos de todos los contribuyentes, ricos y pobres, a los principales beneficiados por las gasolinas baratas, que suelen ser los más ricos? ¿Aceptaría algún Congreso, por oficialista que fuera, un presupuesto que gaste más dinero en subsidiar la luz y la gasolina más que en atender la crisis del coronavirus?

Por eso el presidente tiene razón: para cumplir el sueño de volver a México la nación en la que los precios de los energéticos nunca crecen, sólo le queda meter a Pemex y a CFE al ruedo. No desde la perspectiva competitiva, forzándolas a ser mejores que las alternativas para que ganen más mercado y presionen, relativamente, los precios a la baja. Eso ni es suficiente ni se alinea con la ambición del presidente. La clave del plan es interponer a Pemex y CFE como auténticas cajas negras entre la economía real y las finanzas públicas: que reciban cantidades multimillonarias para que, a cambio, puedan vender moléculas y electrones que, independientemente de su costo real, jamás incrementen precio. Si en paralelo construyen algo, pues mucho mejor.

Desafortunadamente, lo que parece magia no es auténtico. El éxito del truco, como suele suceder en un contexto de impunidad declarativa, depende más de la distracción que de la sofisticación. Por cierto, ¿ya leyeron lo último de Dos Bocas, la reacción exagerada de los conservadores y la respuesta del presidente a lo de la carta de los legisladores?

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell