Si no crees que Morena y sus aliados pueden consolidar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, la elección del 2021 no parece tan relevante en energía. Para los inversionistas en el sector energético, podría ser un alivio dejar de escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador y la secretaria Rocío Nahle amenazar con un cambio constitucional si las cortes no cambian y les dan por su lado. Pero nunca quedó claro que fuera algo más que una alocada amenaza. Aún asumiendo que el legislativo les diera los votos para cambiar la Constitución, ¿alguien que siga el sector de cerca tiene duda que sería multimillonariamente arbitrable alterar permanente y discriminatoriamente el orden de despacho, suspender permisos subjetivamente o “intervenir” instalaciones (en el sector hidrocarburos)?

La interpretación energética de la elección del 21 merece términos mucho más matizados. Para Morena y sus aliados, quedarse con mayoría simple implicaría perder esencialmente tres facultades: el poder de asignarle a Pemex y CFE recursos presupuestales que jamás obtendrán un retorno, sin necesidad alguna de negociar; el poder de hostigar a las empresas que compiten con CFE y Pemex con iniciativas legislativas adversas, como las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica (la “Ley Combustóleo”) y la Ley de Hidrocarburos; y el poder de señalar al poder judicial como el único contrapeso energético –el único obstáculo real a la Cuarta Transformación. A primera vista, suenan absolutamente relevantes. Pero la primera pérdida en facultades en realidad es relativa: quizás pueda moderar el nivel de despilfarro del gobierno en energía, pero no lo va a detener. La segunda y la tercera dependerían fundamentalmente del devenir del poder judicial mexicano. De nuevo, son relativas.

En este contexto, el análisis de los cambios previsibles en la Suprema Corte de Justicia de la Nación es mucho más relevante. Claro que la sustitución del ministro José Fernando Franco, programada para diciembre de 2021, no implica que Morena tenga mayoría absoluta en el pleno de la Corte de manera automática. Pero –considerando la facultad de nombramiento directo por el ejecutivo si las primeras ternas no alcanzan la mayoría calificado del Senado– le dará al presidente López Obrador su cuarto ministro nombrado, determinante para revocar controversias constitucionales y acciones de constitucionalidad. De hecho, asumiendo la buena voluntad del ministro presidente Arturo Zaldívar a partir de la última propuesta de reforma que le favorece, el presidente podría alcanzar hasta 5 de 11 votos en temas prioritarios. Sólo faltaría un voto más –quizás conseguible con algún retiro acelerado– para que las iniciativas que hoy son de mero hostigamiento legislativo para los inversionistas energéticos se puedan legalizar por la Corte.

De la posición específica del ministro Franco, hay mucho que analizar. Tanto las controversias constitucionales (promovidas por autoridades, como la Comisión Federal de Competencia Económica y algunos gobiernos estatales) como la acción de constitucionalidad que se promovieron contra la Ley de la Industria Eléctrica lo contemplan como proyectista o ministro ponente. Esto le confiere distintas facultades y atribuciones, incluyendo la posibilidad de formar agenda con el ministro presidente Zaldívar. A su retiro, quien resulte ministro entrante heredaría la misma cartera. Los amparos de la Ley de Hidrocarburos, por cierto, aún si no registraran acciones de inconstitucionalidad o controversias, podrían seguir un camino similar.

Para ser claro: esto no debería calmar. Debería generar una alerta máxima. Que, en cualquier año, la elección de un ministro sea más relevante que la elección de una cámara entera del poder legislativo no puede más que reflejar profundo deterioro, democrático e institucional, que estamos viviendo.

@pzarater

Pablo Zárate

Consultor

Más allá de Cantarell

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