“No hay almuerzo gratis”, señala el vox populi norteamericano: al final del día, todo cuesta y alguien debe financiar.

Por lo general, si en algo difieren los cambios súbitos y las experiencias inéditas de los entornos estables es que, ante lo emergente, se pueden prever líneas que eviten dolorosos e inequitativos ajustes por instrumentar sobre los distintos agentes económicos. A diferencia de un naufragio u otro acontecimiento que arrasa parejo a la población se observa que la capacidad de protegerse del entorno adverso en fenómenos como la pandemia del Covid-19, también contrasta según el perfil sociodemográfico y el contexto económico específico de las personas.

Se infiere que la población vulnerable, al menos en la fase inicial de una crisis, retrocede tras constatar su frágil y a veces escasa capacidad de recursos para hacer frente a las vicisitudes propias de la emergencia. En teoría, el Estado sería la instancia natural para amortiguar los efectos de esta parte de la población y las organizaciones de la Sociedad Civil habrían de coparticipar en acciones paliativas. En las diversas teorías del Estado existe un mínimo común: salvaguardar a aquellos más vulnerables bajo el paraguas del Estado.

El reto por generar y asimilar oportunamente información rica en contraste y la observación de las medidas públicas y privadas para atenuar la crisis de la pandemia habrían de ser una constante. Vale la pena resaltar que las “condiciones iniciales” a partir del surgimiento de la pandemia, contrastan entre los diversos países y al interior de sus poblaciones.

Sin embargo, aquello que en situaciones ordinarias puede dar un lugar privilegiado a lo susceptible a etiquetar como “sentido común”, en la evidencia actual se descarta una correcta intuición generalizada. Ejemplo de lo anterior es la evidencia en contra de la supuesta –errónea– relación directa entre la tasa de mortalidad por casos de Covid-19 y el crecimiento en la actividad económica. Lo anterior se puede observar en el sitio ourworldindata el cual presenta una comparación de 39 países, considerando el crecimiento anualizado del PIB al segundo trimestre y las defunciones atribuibles a Covid-19 por millón de habitantes. Esta evidencia no permite sostener el dilema de proteger la salud a costa de la promoción a la actividad económica.

Otro costoso malentendido, derivado de una preconcepción errónea es el dirigir subsidios a sólo una parte de la población sin tomar en cuenta que, existen vasos comunicantes entre todos los diversos agentes económicos.

En la medida en que la política pública sea flexible y permita al gobierno replantear acciones a partir de la evidencia disponible, será más efectiva la capacidad de proteger a la población vulnerable. De lo contrario, se incrementará el costo implícito que incide en ser financiado, precisamente por el sector de la economía que cuenta con menos herramientas para protegerse a sí misma. ¿Cuántos oferentes netos de capital (empresarios) reorientan sus recursos a inversiones de naturaleza volátil por falta de certidumbre mínima a fin de continuar contribuyendo a la generación de empleos? En el mismo sentido, ¿cuántos oferentes netos de trabajo (antes empleados) consideran dedicarse a otras actividades como la informalidad o la delincuencia?

Lo anterior constituye un primer costo económico generado a partir de formular políticas públicas sustentadas en supuestos imprecisos tales como la relación directa entre mortalidad por Covid-19 y actividad económica. También por un enfoque parcial de la población objetivo, sin considerar: su interacción con otros sectores y el alcance en el diseño adecuado de incentivos para una reanimación de crecimiento.

Valdría preguntar si somos sociedades susceptibles a omitir la implementación de acciones de otros gobiernos desaprovechando mejores prácticas y/o, en el otro extremo, medidas que si replicamos, pudieran dar resultados no deseados.