Una de las actividades que organizo como parte de mi interés en el mercado de telecomunicaciones de América Latina es consultar periódicamente a los principales expertos de la región. Usualmente son charlas confidenciales en las que se diserta de la realidad del mercado contrastando los datos presentados tanto por los gobiernos como los distintos actores de la cadena de valor de la industria. 

El objetivo de este ejercicio es identificar las acciones que merecen emularse, o al menos considerarse, en las distintas jurisdicciones de la región. También es inevitable conversar de los errores que se han cometido o de aquellas propuestas erradas que periódicamente aparecen dando la impresión de que su finalidad es imponer un freno al desarrollo tecnológico que a distintas velocidades se va materializando en los mercados latinoamericanos. 

La última de estas reuniones en la que se invitó a académicos, exministros, analistas y periodistas lo que lograba un consenso inmediato era una terrible aseveración: las telecomunicaciones no han sido y no son prioridad para los gobiernos de la región. La gran mayoría de las administraciones no comprenden la importancia que puede tener la tecnología en el desarrollo de todos los segmentos productivos de la economía y en la protección de los derechos humanos al incrementar la transparencia de todo tipo de transacciones, incluyendo elecciones a nivel nacional.

Las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) se convierte, en este contexto, en una sorpresa que aparece junto a desastres naturales o la llegada de una nueva promoción durante eventos mediáticos. Se visualiza desde una visión ser humano a dispositivo que, aunque cierta, oscurece la posibilidad existente de utilizar las TIC como herramienta que va más allá del individuo. Las consecuencias son varias, desde un vacío regulatoria en el que no se crea un marco legal que sirva para imponer parámetros en el uso de la tecnología como herramienta para incrementar la productividad en los distintos segmentos verticales de la economía; hasta la carencia de una estrategia definida en el uso transversal de la tecnología en las distintas dependencias gubernamentales.

En otras palabras, utilizando un termino más conocido, la falta de importancia que se le da a la tecnología por parte de los gobiernos sólo atrasa la creación e implementación de una estrategia nacional de transformación digital. Desgraciadamente no se puede ser iluso y pensar que este cambio de paradigma se dará en México o el resto de América Latina sin ningún tipo de problemas. Todo lo contrario, estamos hablando de integrar todas las instituciones gubernamentales y a todo el sector privado de forma digital.

¿Cuánta esperanza podemos tener de desarrollar una estrategia de transformación digital si nunca se ha podido implementar exitosamente una agenda digital nacional de largo plazo en la región? ¿Realmente queremos digitalizar los procesos sin digitalizar a las personas? ¿Terminaremos exacerbando las numerosas brechas digitales con una política de modernización tecnológica centrada en el segmento de mayor poder adquisitivo de la población, las pymes con mayor estabilidad económica y las empresas transnacionales?

Escuchando a los especialistas todo indica que seguiremos caminando lentamente hacia ese mundo de desigualdades que ya conocemos. Las señales de la imposibilidad de una temprana transformación digital latinoamericana ya se ven en los intentos de reducir la autonomía de los entes de regulación, en la existencia de marcos regulatorios obsoletos y en la misma situación financiera de muchos de los protagonistas de la industria de telecomunicaciones. 

Si tenemos gobernantes que muestran incompetencia al momento de lidiar con una pandemia, imagínenlos como los grandes ejecutores de los proyectos que nos llevaran integrar cada vez más las tecnologías a nuestras vidas.

 *El autor tiene más de 25 años de experiencia en el sector de las TIC. Opinión a título personal.