Una guerra emprendida por el presidente en contra de las instituciones, una serie de acciones que han minado significativamente la certeza jurídica han tenido como consecuencia una caída de la inversión privada realizada en la economía. El resultado está a la vista: cinco trimestres consecutivos en los que el PIB se ha reducido. Con la caída del año pasado y la de 1.55% en el primer trimestre de este año (6.3% anualizada), el PIB se situó en un nivel similar al que tenía en el tercer trimestre del 2017 y representa una reducción acumulada de 3.5% del PIB por habitante.

En estas deterioradas condiciones, a mediados de marzo nos empezó a afectar de manera creciente la pandemia del covid-19. El aislamiento sanitario y el consecuente paro de una parte significativa de la actividad económica, aunado a la decisión de no emprender una política fiscal contracíclica que apoyara a las empresas y al empleo sino, en el absurdo, una de mayor austeridad, profundizarán la caída del PIB, del empleo y del ingreso familiar. Sólo durante el mes de abril se perdieron más de medio millón de empleos formales y se estima que el PIB caerá este año en alrededor de 10 por ciento. En estas circunstancias, entre 10 y 12 millones de mexicanos caerán en pobreza (en adición a los casi 60 millones de individuos que ya se encuentran en esa situación), con un ingreso que no les permitirá adquirir una canasta básica de consumo.

La prevista brutal caída del PIB llevó al presidente, quien desprecia los datos duros, a decir que este medición del valor agregado producido en la economía había que descartarlo y elaborar uno nuevo basado en el bienestar y la felicidad del pueblo. Quizá no esté enterado de la existencia del Índice de Progreso Social (IPS) que busca medir, efectivamente, el nivel de bienestar de la población, utilizando para ello otras variables en adición, no en sustitución, del PIB. El IPS se construye con tres grandes dimensiones: necesidades humanas básicas (nutrición y cuidados médicos, agua y saneamiento, servicios básicos en la vivienda y seguridad personal), fundamentos de bienestar (acceso a conocimientos escolares básicos, acceso comunicaciones e información, salud y bienestar y calidad medioambiental) y oportunidades (derechos personales, libertad personal y de elección, inclusión/no discriminación y acceso a educación superior). Muchos de éstos están determinados por cómo se diseñen e instrumenten las políticas públicas, pero también, indudablemente, dependen del ingreso familiar y, en el agregado, del PIB.

Utilizando el IPS, los 10 países con mayores niveles de bienestar son Noruega, Dinamarca, Suiza, Finlandia, Suecia, Islandia, Nueva Zelanda, Alemania, Canadá y Japón, todos ellos con un nivel elevado de PIB por habitante. México se encuentra en el lugar 55 de entre 149 países, por lo que se le considera un país de desarrollo medio/alto.

Las organizaciones Incae Business School y México, ¿cómo vamos? extendieron el análisis para México al nivel de las 32 entidades federativas. Los resultados no son sorprendentes: el IPS guarda una estrecha relación positiva con el PIB estatal. Los 10 estados con mayor nivel de bienestar son Nuevo León, Querétaro, Aguascalientes, Sinaloa, Sonora, Yucatán, Ciudad de México, Jalisco, Quintana Roo y Baja California. Por su parte, los cinco con menor nivel de progreso social son Tabasco, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero, los que tienen un menor PIB por habitante y en donde hay mayores niveles de informalidad laboral y de pobreza.

El presidente podría utilizar el IPS, sólo le faltaría encontrar la felicidad. Pero que no se le olvide el dicho: “cuando el hambre entra por la puerta, la felicidad se va por la ventana”.

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Isaac Katz

Economista y profesor

Punto de vista

Caballero de la Orden Nacional del Mérito de la República Francesa. Medalla al Mérito Profesional, Ex-ITAM.