Se publicó el viernes pasado la estadística sobre empleo en Estados Unidos durante mayo, indicando que casi todos los nuevos trabajos fueron plazas burocráticas temporales (495,000, 95.4% del total) vinculadas al censo de población que se levanta este año. Acto seguido, se desplomó la Bolsa de Valores de Nueva York en 3 por ciento.

Sólo se crearon 41,000 empleos en el sector privado y la tasa de paro de la economía estadounidense cayó ligeramente a 9.7%, debido a que 322,000 trabajadores tiraron la toalla y dejaron de buscar ocupación, señal que sus expectativas frente a la recuperación se han tornado más pesimistas.

Difícilmente debiera sorprender la falta de dinamismo en la creación de plazas en el sector privado, dada la incesante acción del gobierno de Barack Obama para elevar los costos de operación de las empresas, sobre todo las medianas y pequeñas que son las mayores generadoras de nuevos trabajos.

No pasa semana en la que no se anuncien nuevas regulaciones burocráticas o proyectos legislativos que independientemente de la retórica engañosa con la que vienen disfrazados ( queremos alentar la creación de empleos verdes ), representan serios obstáculos para la operación de las empresas.

Con el pretexto de la terrible fuga de combustible en la fallida plataforma de British Petroleum en el Golfo de México, Obama y sus aliados en el Congreso pretenden revivir un proyecto de ley que había muerto al aprobarse la ruinosa ley que obliga a la cobertura médica obligatoria para todos los ciudadanos.

Este nuevo proyecto legislativo, conocido por su sobrenombre de cap and trade (limita e intercambia), pretende fijar límites a las emanación de contaminantes creando un mercado de permisos que se comercializarían entre las empresas emisoras.

En realidad, este bodrio legislativo representa, una vez que se le desnuda de su envoltorio demagógico verde , un enorme impuesto al aparato productivo, en adición a la creación un nuevo y gigantesco aparato burocrático regulador de emisiones que impondría complejas reglas de operación a las empresas.

Hay que destacar que los ingresos de este nuevo impuesto no pretenden aplicarse al abatimiento del enorme y creciente déficit público de EU, que tarde o temprano representará graves problemas para ese país, sino para alentar la creación de nuevas industrias verdes .

La traducción de este embrollado discurso es que lo recolectado por el nuevo impuesto se usaría para subsidiar proyectos antieconómicos, como la quema de maíz para producir etanol que se considera una industria verde , y que tiene el apoyo político de los poderosos intereses graneleros de EU.

El sustento intelectual de este nuevo impuesto se encuentra en la dudosa ciencia del calentamiento global, causa favorita de los socialistas del mundo y, paradójicamente, también del gobierno de Felipe Calderón, pero en su propaganda se omite responder a la pregunta esencial ¿quién lo pagará?

La respuesta es que la carga del nuevo tributo en EU recaerá sobre sus consumidores, en relación inversa a su nivel de ingreso, dado que los pobres son quienes utilizan la mayor parte de su gasto en los bienes y servicios que más subirán de precio a resultas de la adopción del gravamen verde .

Si al proyecto comentado se suman otros muchos, como el de obligar al autotransporte a consumir menos combustible y la onerosa nueva regulación del sector financiero, que ya fue aprobada en proyectos distintos por ambas cámaras del Congreso, pero que requiere todavía ser conciliada, estamos hablando de más burocracia aún y mayores cargas sobre el sector productivo.

En tales condiciones, no se puede esperar una recuperación en la creación de empleo productivo, aunque el rápido aumento de la burocracia federal está asegurado, lo que se aprecia en un desempleo en el área metropolitana de la ciudad de Washington, que es de la mitad del promedio nacional.

Los efectos del menguante dinamismo económico en la creación de nuevos empleos productivos en EU serán claramente perjudiciales para México, tanto por una demanda menos vigorosa por nuestras exportaciones a ese país, como por las menores oportunidades de ocupación para nuestros trabajadores.