El 5 de febrero conmemoramos el 95 aniversario de nuestra Constitución. Como cada año, esta celebración parece importarle únicamente a algunos representantes de los distintos poderes. ¿Dónde quedamos los más de 110 millones de mexicanos a quienes nos rige la misma Carta Magna?

Los ciudadanos hablamos de cambio y no hemos caído en cuenta de que buena parte de lo que se tiene que modificar en nuestro país empieza por ese documento al que algunos han escuchado, pero la gran mayoría ignora.

Las democracias más sólidas del planeta han entendido la importancia de la Constitución y se han regido por leyes que los ciudadanos, en su mayoría, están dispuestos a respetar.

Reconociendo que el gobierno es necesario para garantizar la convivencia pacífica entre ciudadanos, debemos entender que el poder de éste debe estar limitado por una Constitución que salvaguarde los derechos de todo mexicano. Es importante destacar que la Constitución no otorga ni quita derechos; los derechos nos son dados con la vida.

La función de la Constitución es proteger nuestros derechos del abuso de cualquier autoridad o poder. El problema es que muchos piensan que el gobierno es quien otorga los derechos a los ciudadanos. Éste es uno de los errores más grandes pues, bajo esa lógica, si un gobierno pudiera otorgar derechos también podría quitarlos. Eso es falso, aunque ocurra arbitrariamente en ciertos países.

La experiencia ha demostrado que entre más se expande el tamaño de un gobierno, más se contrae la libertad individual de manera proporcional, pues el gobierno empieza a ocupar espacios de libertad que le corresponden a los ciudadanos. El gobierno debe velar por la seguridad de todos y garantizar que nuestros derechos sean respetados.

Para que la ley se cumpla debe ser simple. Sólo así se logra que las personas no busquen darle la vuelta, como normalmente ocurre. No podemos seguir con leyes y códigos civiles que daten de la primera mitad del siglo pasado porque la sociedad y las necesidades de los ciudadanos no son las mismas de antes.

A casi 100 años de haber sido proclamada, si nuestra Constitución no cumple plenamente con su función principal, es momento de revisarla y modificarla.

Para algunos será inaceptable, para otros, un deber ineludible. Es momento de ver hacia adelante y no hacia atrás, empecemos por el principio.

armando.regil@eleconomista.mx