Hace exactamente 10 años, los diputados fueron incapaces de sacar a tiempo el Presupuesto de Egresos del 2003. Fue hasta el primer día de ese año que se aprobó el paquete. Para justificar el incumplimiento constitucional, los diputados inventaron aquello de haber detenido el reloj legislativo.

Gracias a que todo el mundo se hizo de la vista gorda, en esa ocasión, no hubo una crisis constitucional en este país. Pero, justamente a raíz de estos episodios, se creó una ley que obligaba al Ejecutivo y al Legislativo a discutir con tiempo el paquete económico.

De acuerdo con la ley de responsabilidad hacendaria y presupuesto del gobierno federal, durante los primeros días de septiembre debe quedar entregado el paquete económico del año siguiente. Y antes del final de noviembre, debe estar terminado todo el proceso legislativo.

Hay una excepción en la ley, que además resulta obvia. Esa singularidad es cuando hay cambio de gobierno, como en este año.

Lo que está totalmente claro después de conocer los cinco ejes de gobierno, las 13 primeras decisiones y el Pacto por México, es que la discusión presupuestal no será un tema fácil.

El gobierno de Enrique Peña Nieto inició con la agenda cargada de propuestas en la manera de ejercer el presupuesto del próximo año, lo que constituye todo un reto.

Más que una nueva oferta, el déficit cero del que ahora habla Peña Nieto es el refrendo de lo que ya dicen las leyes. Pero es muy importante hacer ese tipo de guiños a los mercados, que están atentos al tema de la disciplina fiscal de un gobierno priísta.

Los ahorros en gasto corriente tienen que ser muy importantes para lograr cumplir las metas, los niveles de endeudamiento público tienen que ser acotados para que no se genere una fractura financiera.

La reforma fiscal está prometida por el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero, de entrada, los 25 días que le quedan al año son insuficientes para procesarla y requiere primero de un trabajo político intenso para que no se atore en el Congreso como le ha sucedido a tantos otros intentos en esa materia.

Si no se quieren meter en problemas tributarios con una miscelánea emergente que se tenga que discutir a las carreras este mes, lo más recomendable es reasignar los recursos de los subsidios al combustible directamente a los programas sociales.

El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ya adelantó que no habrá aumentos de impuestos propuestos en el paquete económico que habrá de llegar en breve al Congreso. Lo que también dijo es que se reasignará el presupuesto con una perspectiva social.

Y es ahí donde aparecen en el horizonte más de 200,000 millones de pesos más que disponibles que se utilizarán este año para subsidiar las gasolinas este año. ¿Cuántos programas sociales peñistas no se podrían pagar con esos recursos?

Tener combustibles al precio real podría implicar algún impacto inflacionario inicial. Pero seguro que el Banco de México podría aceptar el reto a cambio de corregir una de las más importantes simulaciones en los precios de la economía mexicana.

Además de ser plenamente justificado en términos sociales, tendría un buen impacto ecológico. Gasolinas a precios reales implican un incentivo para el uso de motores más eficientes y ahorradores.

Un México sin hambre, mujeres con seguro de vida, adultos mayores respaldados son medidas suficientemente progresistas como para entender que vale la pena dejar de quemar dinero en combustibles.

Y, del otro lado, un equilibrio fiscal, mandado por la ley y respetado por este gobierno. Es un aliciente para los tecnócratas de que vale más un déficit cero que una subvención energética.

Claro que pasar de un déficit superior a 2% este año al equilibrio fiscal, cuando se tienen planes de tantos gastos, parecería cuestión de aplicar algún plan de austeridad al estilo Madrid.

Una forma de lograr la meta de equilibrio es sacar de las cuentas los pasivos de Pemex. Eso sería una aplicación de maquillaje financiero inaceptable en estos tiempos.

La otra posibilidad es que se presupueste el equilibrio y, a lo largo del año, se apruebe la reforma fiscal que aporte un aumento sustancial de la recaudación que logre el objetivo de equilibrar las cuentas. Pero esa sería una jugada altamente riesgosa.

La apuesta es muy alta. Pero si el gobierno de Peña la tomó como su primera medida, seguro que ven todas las posibilidades de lograrlo.

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