Entre el combate a la corrupción y las sospechas por latrocinio se ha movido José Luis Moyá Moyá desde hace tres lustros, en los que ha construido una reputación, por el uso —y abuso— de los sistemas de solicitudes de información a un cúmulo de sujetos obligados.

Moyá Moyá, sin embargo, también lo sería. Y es que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República deberán desahogar sendas peticiones sobre los antecedentes de este “asesor en materia de transparencia y rendición de cuentas” que con 59 años a cuestas —y sin un título profesional que lo certifique— ha ejercido su derecho a la información de manera excepcional, a pesar de sus limitaciones tecnológicas o económicas, a lo largo de los últimos cuatro sexenios.

Ambas solicitudes buscan precisar si hay en curso indagatorias en su contra por extorsión a funcionarios o empresarios, o si se encuentra en la nómina federal, ya sea con nombre o con algún alias.

Moyá Moyá ha sido usuario consuetudinario del Infomex y la Plataforma México, a lo largo de 15 años. En el primer lustro del IFAI se convirtió en uno de los peticionarios más activos: a mediados del 2009 había tramitado 1 millar de solicitudes de información —15 por mes, en promedio— y 700 recursos de revisión... La Secretaría de la Función Pública, la Policía Federal Preventiva y el SAT, a nivel federal, estaban entre sus principales blancos.

Los oficiales de transparencia lo elogiaban y lo censuraban, por igual. Entonces, se detectó que fue colaborador del panista Salvador Abascal Carranza en la ALDF y posteriormente se integró al equipo de Federico Döring. Entre los funcionarios que se quejaron de su hostigamiento estuvieron Alejandro Torres Palmer, Genaro Pérez Rocha y Luis Humberto Sanguino, funcionarios capitalinos.

En la 4T, Moyá Moyá es ampliamente conocido, no sólo por las solicitudes de información que tramitó para solicitar información sobre Andrés Manuel López Obrador, Octavio Romero y Alejandro Gertz Manero, sino porque la Contraloría General capitalina inhabilitó al autollamado asesor en materia de transparencia por un año en el 2001 (expediente DNSP/3576/5197/2000) y un año más en el 2007 (expediente SDS/CI/24/1999).

¿Usuario frecuente o mercenario de la información? Con aliados en las principales redacciones de los diarios capitalinos —muchos de los expedientes que tramitó merecieron primeras planas, en aquellos años— tuvo, sin embargo, un diferendo con la periodista Carolina Rocha Menocal, a la que demandó por difamación después de que hiciera público su hiperactividad como usuario del Infomex.

De buscador, entonces, pasó a increpado. El extinto InfoDF recibió peticiones sobre averiguaciones previas que involucraran a José Luis Moyá Moyá y la Contraloría del gobierno capitalino, sobre el número de denuncias promovidas en su contra.

Hace cinco años se inscribió como candidato para ocupar una de las vacantes en el nuevo organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del derecho a la información pública y la protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.

En su comparecencia, el entonces senador Alejandro Encinas se refirió a Moyá Moyá como “el zar de las solicitudes de información”, por haber formulado más de 2,000 en una década. El aludido ni se inmutó.

“Hay funcionarios que me pagan por fuera con nombres falsos, mis honorarios, para yo cuidar que no haya actos de corrupción a su interior. Hay empresarios que me contratan cuando se dan cuenta de que una licitación está dirigida a determinada empresa. Yo hago la solicitud de información y yo presento la denuncia”, respondió, sin reparo. El presidente de la Comisión de Anticorrupción, Pablo Escudero, amagó con dar parte a la PGR para que conociera de probables delitos.

EFECTOS SECUNDARIOS

ASECHANZAS. Cuatro exfuncionarios de la Secretaría de Finanzas del GDF han sido detenidos por la procuraduría capitalina, por su presunta responsabilidad en el desvío de 150 millones de pesos. Entre ellos está Hedilberto Chávez Gerónimo, quien se incorporó a esa dependencia a finales del 2015, invitado por el titular de esa dependencia, Edgar Amador Zamora. Como otras áreas estratégicas de la administración capitalina —entre ellas Desarrollo Social y Desarrollo Rural—, la dirección general de administración entonces estaba ocupada por militantes de Morena cercanos a Andrés Manuel López Obrador. El nuevo partido izquierdista había incursionado con fuerza en el escenario electoral en los comicios intermedios y en la CDMX conquistaría seis jefaturas delegacionales y una decena de diputaciones locales. Aunque no fue contundente, la derrota del PRD en las urnas motivó a la administración mancerista a un ajuste, con aroma a limpia. El control de la nómina y de los recursos que entregaba el gobierno central a las jefaturas delegacionales se volvió un asunto vital. Y Zamora encargó esa tarea a Chávez Gerónimo y Miguel Ángel Vásquez, exrepresentante del PRD ante el Instituto Electoral capitalino. A cargo de la tesorería capitalina y de la nómina gubernamental, controlaba a un equipo de operadores, donde eran piezas centrales su cuñado Antonio Paz García, quien ocupó la  subsecretaría de administración y capital humano, y Néstor Rafael Abreu Cruz, quien fue director de administración de personal. El dominio de ese equipo concluyó en abril del 2018, con la salida de Edgar Amador Zamora de la secretaría de Finanzas. Sin protección de un grupo político, el exfuncionario mancerista se dedicó al lucrativo negocio de renegociar deudas estatales. Su primera incursión en estos terrenos ocurre actualmente en Veracruz, donde asesora al gobernador morenista Cuitláhuac García.

CONTRARIEDADES. Sylvana Beltrones, senadora priista de Sonora, objetó la minuta del nuevo etiquetado de alimentos y bebidas, enviada desde San Lázaro a la Cámara Alta, por lo que juzgó es violatoria de los tratados internacionales firmados por México y representa un obstáculo para la tan ansiada ratificación del T-Mec. La parlamentaria propuso una redacción para corregir la propuesta desde el Senado, instancia encargada de aprobar y cuidar dichos tratados, pero fue atropellada por el presidente de la Comisión de Salud, el nayarita Miguel Ángel Navarro. Para documentar el escepticismo de algunos, ayer el organismo representativo de la industria mexicana de bebidas, informó que, en los últimos seis años, el consumo de refrescos ha registrado un crecimiento anual de 1.1% en promedio. En ese lapso, los consumidores han pagado por el IEPS 125,198 millones de pesos, que sumado a 16% del IVA representa una carga fiscal de 145,230 millones. Esto representa aproximadamente 30% de impuestos indirectos a las bebidas saborizadas.

Alberto Aguirre

Periodista

Signos vitales

Periodista y columnista de El Economista, autor de Doña Perpetua: el poder y la opulencia de Elba Esther Gordillo. Elba Esther Gordillo contra la SEP.