Menguado por la negativa priísta para aprobar las reformas laboral y política en la Cámara de Diputados, el PAN quiso destrabar la elección de los tres consejeros electorales. ¿Por qué lo intentó su coordinadora, Josefina Vázquez Mota, si sabía que carecía de los votos suficientes para tener éxito en esa empresa?

En parte porque sabía que el PRI –ni siquiera sumando a los diputados de los partidos Verde y Nueva Alianza– podría alcanzar las dos terceras partes de los votos necesarios para elegir a los nuevos integrantes del Instituto Federal Electoral.

¿Iba a ceder el coordinador de la bancada tricolor, Francisco Rojas Gutiérrez? No. Y menos cuando supo la verdadera intención de Vázquez Mota en la reunión que celebraban los integrantes de la Junta de Coordinación Política el pasado viernes 29, al mediodía: el PAN y el PRD votarían en favor de la exfiscal de delitos electorales de la PGR, Arely Gómez González, y de la ex funcionaria del IFE, Cecilia Tapia Mayans, siempre y cuando el PRI retirara su apoyo a Enrique Ochoa Reza, coordinador del Centro de Capacitación Judicial en el Tribunal Electoral.

Públicamente, la Coordinadora de la bancada panista expresó su desconfianza hacia el joven servidor público, quien asistió a una comida celebrada en la casa de la presidenta magistrada del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa, el pasado 9 de marzo, a la que acudieron legisladores del PRI y funcionarios electorales. A partir de la divulgación de reportes que insinuaban que el motivo de esa reunión habría sido una queja interpuesta contra el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, la dirigencia nacional del PAN solicitó que la anfitriona se excusara de elaborar la ponencia de ese juicio y puso en duda su imparcialidad.

Ochoa Reza pudo haber acudido a tal comida –no cena, como incorrectamente se ha establecido– como amigo personal de la Presidenta Magistrada, de quien fue su Secretario Particular hasta mediados del 2009. Si la cita hubiera tenido lugar en un día hábil, tendría obligación de prestar su versión de los hechos, pero ocurrió un sábado –no un miércoles, como también se difundió– y en un horario que evidentemente no demandaba una comisión laboral.

Entre el prejuicio y el ofuscamiento, los panistas quieren trasladar sus fobias hacia el abogado, originario de Morelia, Michoacán, de apenas 38 años. Ni hablar de sus méritos académicos o profesionales –maestro en Ciencia Política por la Universidad de Columbia; estudioso de la transición democrática y la federalización; decidido impulsor de la reforma judicial y de los juicios orales, profesor de asignatura en la UNAM– o del puntaje obtenido en el proceso de selección de los aspirantes a consejeros electorales.

Por la vía del descontón, los panistas querían eliminar a un candidato que tildan de cercano a Enrique Peña Nieto y en su lugar pugnan por la inclusión del magistrado Jacinto Silva Rodríguez, abogado egresado de la Ibero, como la diputada Vázquez Mota.

Peñista, con fuertes vínculos con el PRI , dicen de Ochoa Reza, quien –en efecto– militó en el partido tricolor hasta septiembre del 2006, cuando renunció. ¿El motivo? Su rechazo al interinato de Mariano Palacios Alcocer, al que consideró estatutariamente incorrecto.

Paradojas del purismo partidista: como coordinador del Centro de Capacitación Judicial del TEPJF, Ochoa Reza imparte cursos a integrantes de Comité Ejecutivo Nacional y a funcionarios de la Fundación Rafael Preciado, el think tank del blanquiazul. ¿Acaso eso lo ignora la diputada Vázquez Mota? ¿Ofrecer esos cursos –que no es otra cosa más que el cumplimiento de su trabajo– significaría que Ochoa Reza tiene pactos inconfesables con la cúpula panista?

La Comisión de Gobernación, presidida por el diputado panista Javier Corral Jurado, propuso a la Junta de Coordinación Política una lista de 17 candidatos para consejeros electorales, en la que sobresalen Ochoa Reza y Silva Rodríguez por sus méritos profesionales, más que por sus nexos con personajes de primera línea.

En la víspera de la clausura del periodo de sesiones y sin éxitos legislativos por presumir, al borde de un ataque de nervios, la Coordinadora del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados trató de forzar el acuerdo que destrabara la elección de los tres integrantes del Consejo General del Instituto Federal Electoral que no han sido electos desde octubre del año pasado. Con el respaldo del PRD, propuso una terna campechaneada en la que entraban el jalisciense David Gómez Álvarez, el exombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza –propuesta perredista–, y Arely Gómez.

La presidenciable panista quiso hacer valer su condición de lideresa –que no de liderazgo– de la Junta de Coordinación Política, pero su estilo de presionar, disfrazado de construcción de consensos, resultó un fiasco. El PRI reviró de una manera simple y contundente: si la extitular de la Fepade y Ochoa Reza no entran, no hay negociación posible.

El veto de Vázquez Mota al funcionario del TEPJF obedece a un ánimo partidista, como se reflejó con la embestida mediática contra Alanís Figueroa. El capítulo final de esta historia se escribirá en el periodo extraordinario de sesiones que ya se avecina, pero si como legisla Jose piensa gobernar, ¡Dios nos agarre confesados!