RIP a la creación de empleos

Si el conjunto de indicadores que rodean el entorno nacional no bastase para mostrar la inminente recesión, desde el Senado de la República se forja a hierro templado el clavo que cerraría irremediablemente el ataúd de nuestra economía.

Con el combate al neoliberalismo como marco natural, pareciera necesario exterminar todo aquello que genera riqueza, que promueve productividad o que crea fuentes de empleo en México, sin la mínima valoración que debe acompañar la toma de decisiones de alcances macroeconómicos con importantes efectos en las economías domésticas.

La iniciativa en contra de la subcontratación laboral —confundida por desconocimiento con el outsourcing— significa un retroceso respecto del significativo avance que se había logrado en materia laboral en el 2012 con la reforma a la Ley Federal del Trabajo con la denominación formal al régimen de subcontratación.

Mediante un decreto de reformas a las leyes Federal de Trabajo y del Seguro Social, el Senador Napoleón Gómez Urrutia pretende limitar al grado de prácticamente imposibilitar un régimen que durante años ha sido el sostén de múltiples empresas a lo largo y ancho del país.

De origen, la iniciativa considera que esta modalidad de prestación de servicios es ilegal, incluso de forma retroactiva —asumiendo que quien recurrió al concepto cometió un delito con efectos al pasado — asegurando que es la principal causa de la carencia de empleos dignos y debidamente remunerados, suprimiendo la libertad de asociación de los trabajadores; apreciaciones que no sólo son falsas, sino que carecen de fundamento real.

Más allá de las consecuencias futuras de las modificaciones legales, existe una total violación de preceptos y principios constitucionales básicos; de entrada, se violan en perjuicio de múltiples patrones los principios de retroactividad y certidumbre jurídica al pretender efectos anteriores y del debido proceso, al pretender que lo plasmado en la exposición de motivos se considere cosa juzgada.

Dada la política social y un gobierno que dice trabajar bajo el concepto de una “economía moral”; se concluye que este proyecto tiene un trasfondo político o que incluso atiende a intereses particulares.

Es más que evidente la intención del legislador morenista de eliminar al enemigo por antonomasia de los sindicatos: el outsourcing, pues considera que ellos le restan espacios de afiliación, generación de cuotas sindicales, pero particularmente, les roba una oportunidad de negocios.

Si la subcontratación desaparece, su ausencia pondría en riesgo más de 8 millones de empleos, los dejaría a la deriva, y permitiría que muchos de los trabajadores se convirtieran en presa fácil de los sindicatos, corriendo el peligro de una monopolización del mercado laboral, con un horizonte oscuro, mucho más que el que se vive en el escenario de incertidumbre vigente.

De aprobarse el proyecto legislativo, los sindicatos se fortalecerían aún más: debemos considerar que, por la naturaleza jurídica del concepto y su origen en la legislación laboral, son beneficiarios de un régimen fiscal de excepción, muy cercanos a la ejecución de prácticas indebidas, similares a los que aparentemente pretenden combatir.

Desaparecer la subcontratación no termina con el outsourcing, pues si, tras su eliminación subsisten los sindicatos, ellos mismos podrían prestar el servicio de las empresas señaladas como delictivas, abriendo la posibilidad de una era de mayores abusos y precarización del empleo, incrementando la problemática que el presente gobierno planea erradicar: la corrupción.

Los sindicatos tienen pocas y nulas obligaciones de reporte: no generan contabilidad, no tienen muchas obligaciones fiscales que otros entes sí, no pagan ISR ni IVA y en muchos de los casos, sirven de fachada perfecta para prácticas de simulación de operaciones y relaciones laborales que hoy son tan criticadas y perseguidas por los mismos que pretenden conservar el monopolio.

El ámbito sindical ha sido tradicionalmente una fuente de corrupción y en muchos casos de extorsión, afectando por igual al trabajador y a sus fuentes de empleo, sin generar beneficios reales, evadiendo normas aplicables a cualquier otro tipo de organismos.

En este escenario, los esfuerzos legislativos deben orientarse a la promoción de empleos dignos y suficientes. Debe descartarse la supresión de una industria que genera trabajos formales, pues lo contrario pondría en riesgo la firma del T-MEC e incumpliría con acuerdos internacionales en un momento en el que el país no puede permitirse tales lujos.

Si los sindicatos logran esta reforma, el futuro del país, el de su economía y la generación de empleos, se verán comprometidos y subyugados a un poder fáctico con menos límites y contrapesos que la figura que se pretende combatir.