El viernes 7 de marzo, al salir de la preparatoria nº 10 de la Universidad de Guadalajara (UdeG), una veintena de estudiantes fueron arrollados por una unidad del transporte de la zona metropolitana tapatía.

Dicho accidente, y la muerte de la chica María Fernanda Vázquez fallecida esa misma noche, ha generado una oleada de indignación de partes significativas de la sociedad en Guadalajara y reacciones de la autoridad, tardías, como dar marcha atrás al incremento de la tarifa del transporte decidida en diciembre pasado. Pero faltan puntos en el debate.

Hay que empezar a llama las cosas por su nombre. En la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG) opera un sistema de transporte privado, no público.

Es un sistema de movilidad para las actividades diarias de las personas en el trabajo, la educación, el consumo y el esparcimiento que está en manos de 3,500 empresarios. La mayoría de ellos tienen pocas unidades, pero pocos empresarios controlan decenas de unidades y rutas.

Este es el pulpo camionero, acertado mote dado por el ingenio de los tapatíos a este sistema de transporte en manos privadas que regula, controla y decide sobre un servicio que es público por su naturaleza, y que es esencial para la movilidad cotidiana de tres millones de habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara.

Y es un negocio extremadamente rentable, por más que se quejen los transportistas.

Basta hacer algunas sencillas multiplicaciones. En 2009, se realizaban cotidianamente 2.8 millones de viajes al día en el transporte colectivo. A precios de la tarifa actual (seis pesos), cada día el negocio de las unidades de transporte recoge en efectivo 16.5 millones de pesos (mdp), 495 mdp al mes y unos 5,940 mdp al año.

Los empresarios del transporte se quejan de que algunas unidades y algunas rutas no son rentables. Eso es cierto para algunos empresarios, pero en conjunto el negocio de cobrar por transportar en la zona metropolitana a millones de tapatíos es un negocio extremadamente rentable: seis mil millones de pesos al año. Quien lo maneje en conjunto, tendría una enorme masa de recursos aportados cotidianamente por los usuarios.

No hay qué olvidar esto: los usuarios son el punto de partida de la necesidad de un servicio y al mismo tiempo son el origen de una acumulación de recursos colectivos que se gestionan, utilizan y deciden por un puñado de personas para intereses y fines privados. Puesto más claro: los empresarios del transporte, el pulpo camionero, necesitan de los usuarios para existir; los usuarios del transporte no necesitan de los empresarios privados.

Este razonamiento, poner en el origen y en el centro a los usuarios, debería ponerse por delante a la hora de repensar y decidir sobre el sistema de transporte que necesita la ciudad. Si no se hace así, nuevamente un puñado de empresarios privados van a imponerse por sobre los intereses colectivos. Como hicieron en 1985 con el proyecto del ingeniero Jorge Matute Remus, o como han hecho durante décadas. El paso necesario no consiste siquiera en estatizar este servicio, como sugirió el rector de la UdeG, pues no se quiere un Sistecozome grandote. Se requiere otra cosa.

El sistema de transporte colectivo es un bien común que debería ser pensado y administrado por y para los millones de personas que lo hacen posible cotidianamente. Dejar que los trabajadores, los estudiantes, las amas de casa, los profesionistas que usan a diario este servicio lo piensen, lo diseñen, gestionen sus rutas y sus recursos.

¿Imposible, utopía? Quizá, pero eso es algo más sensato que el chantaje del pulpo camionero, y las complicidad de políticos que hacen negocio económico y electoral de este sistema.

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@rmartinmar