La mariguana provoca muchas reacciones, fisiológica e ideológicamente hablando. La mayoría menos severas de lo que se piensa. Respecto del tema ideológico, en el campo político, del gobierno y del legislativo, su debate genera serias confusiones. En este sentido, ha sido la SCJN la que mejor ha lidiado con el tema; primero estableció que la Ley General de Salud era excesiva en la prohibición de esta sustancia, ya que las penas señaladas resultan desproporcionadas respecto a los peligros que a la sociedad representa.

Es por eso que el máximo tribunal otorgó amparos para la producción y distribución de cannabis en la modalidad de autoproducción e intercambio no oneroso entre grupos de usuarios. Sin bien es cierto que el consumo nunca ha estado prohibido, los usuarios son criminalizados debido a que rebasan el muy bajo gramaje permitido. En este momento, existe un proyecto en la Primera Sala de la SCJN en el que se exige al ejecutivo cumplir con lo establecido en la legislación para permitir la producción, de productos derivados de cannabis con fines medicinales, terapéuticos e industriales. La ley establece que se puede producir mariguana en México con esos fines; sin embargo, la Secretaría de Salud no ha establecido los mecanismos para hacerlo, por lo que se pierden oportunidades de atender padecimientos muy serios, así como de desarrollar una industria terapéutica de cannabis. El nuevo gobierno ha anunciado uno muy trascendente y necesario que enfatiza la no criminalización a los usuarios. El nuevo director de la Conadic es Gady Zabicky, un reconocido médico caracterizado por su postura en contra del prohibicionismo y de métodos represivos para tratar de erradicar erróneamente las adicciones.

La propia secretaria de Gobernación y exministra ha puesto sobre la mesa una iniciativa para liberalizar la producción y consumo de cannabis con fines lúdicos. Se trata de una oportunidad inmejorable para prescindir del contacto de los usuarios con el crimen organizado. La ruta es clara: se requiere de un reglamento que haga posible la producción con fines medicinales, terapéuticos e industriales, así como ampliar para ese uso productos con mayor contenido de THC. Eso permitiría la creación de viveros para cultivo controlado y una industria regulada con un gran valor de mercado. Lo anterior, será un parteaguas para ampliar considerablemente la cantidad tolerada de posesión y sólo sancionar a quienes se les pruebe el tráfico ilegal. Finalmente, se puede avanzar en la apertura de un mercado regulado para el consumo lúdico, con políticas muy estrictas encaminadas a evitar el consumo en menores y con una mayor participación del Estado en el proceso, como es el caso de Uruguay. Es momento de implementar políticas integrales y efectivas, con una visión de estado y objetiva.

Vidal Llerenas Morales

Político

Columna invitada

Licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), cuenta con una Maestría en Política y Gestión Pública por la Universidad de Essex, Reino Unido y un Doctorado en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de York.