¿La difusión de la obra de gobierno -vía spots- puede interpretarse como promoción electoral? Y si no, ¿cuáles son los linderos entre la propaganda gubernamental y la mercadotecnia partidista y/o electoral? Sobre estos menesteres ya no hay espacio para la duda o la suspicacia a partir de la resolución ayer dictada por los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ¿Hubo exoneración? No. Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) deberán sancionar a las televisoras contratadas por el gobierno del Estado de México por haber transmitido fuera del ámbito de la entidad que gobierna el priísta Enrique Peña Nieto dos spots sobre su quinto informe. Así lo propuso la magistrada presidenta, María del Carmen Alanís Figueroa, quien obtuvo el respaldo unánime a su ponencia.

La polémica de las últimas semanas explica el cuidado con el que la Presidenta Magistrada condujo la sesión. De entrada, Alanís Figueroa sometió a la consideración de sus compañeros el orden de discusión de los temas y, sin mayor preámbulo, el secretario de actas, José Manuel Sánchez, dio cuenta del proyecto de resolución a los cuatro recursos de apelación interpuestos por el PAN en contra del IFE. Originalmente, la representación del partido blanquiazul ante el órgano electoral tramitó la queja CG/11/2011 para impugnar la transmisión -en televisoras de todo el país, a excepción de Tlaxcala- de dos spots alusivos al quinto informe del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Anteriormente, los consejeros electorales habían declinado competencia para conocer respecto de las condiciones de la transmisión de los dos promocionales en cobertura nacional, pues -según su dicho- no se relacionaban con un proceso electoral federal. Ese acuerdo hubiera dejado sin sanción la difusión de los spots.

La ponencia estuvo a cargo de Alanís Figueroa, quien durante los últimos dos meses fue sometida a intensas presiones que se materializaron en el cuestionamiento público a su imparcialidad por haber sido anfitriona de una comida a la que asistieron los legisladores priístas Sebastián Lerdo de Tejada y Luis Videgaray en la que supuestamente habrían pactado la exoneración del Mandatario mexiquense. Al desgaste y al fuego amigo, la Presidenta Magistrada respondió con un fallo sólido, jurídicamente hablando, que no esquivó el fondo de la queja:

establecer la competencia del IFE cuando se denuncia propaganda gubernamental como elemento de promoción personalizada. Alanís Figueroa propuso al pleno del TEPJF que se sancionara a las televisoras por haber incumplido el artículo 228 del Cofipe. Adicionalmente, estableció que los quejosos no lograron acreditar que el gobierno del Estado de México hubiera solicitado la difusión a nivel nacional, razón por la que no se sancionó a Peña Nieto o a su coordinador de Comunicación Social, David López. De hecho, se encuentra acreditado que en los contratos que la Coordinación General de Comunicación Social del Estado de México celebró con las emisoras Televisa y Televisión Azteca, se pactó que difundirían propaganda del gobierno del Estado de México sólo en dicha entidad federativa. En el mismo sentido se expresaron los magistrados Salvador Olimpo Nava Gomar y José Alejandro Luna Ramos, quien expuso con datos duros: en la transmisión de los spots de Peña Nieto se involucraron 214 televisoras que generaron 3,484 impactos.

La transmisión de los audiovisuales no se constriñó al ámbito espacial de responsabilidad del Gobernador. Y por tanto, no tengo dudas de que se violentó la disposición normativa , advirtió.

Para mí no existe, a cargo de los servidores públicos denunciados, infracción al artículo 228, párrafo cinco. Y coincido con la argumentación del proyecto de sentencia, del cual votaré en favor , dijo en su turno el magistrado Flavio Galván, con quien coincidió Pedro Esteban Penagos y la ponente. En la resolución constan los votos particulares de Luna Ramos y Nava Gomar, además de la insistencia de Penagos de que existían elementos suficientes para determinar responsabilidad de los funcionarios mexiquenses. Al final, los magistrados electorales ordenaron al Consejo General del IFE emitir una nueva resolución en la que asumiera competencia y determinara lo que en Derecho correspondiera. Al margen de los intentos por debilitar a la Presidenta Magistrada y de las notorias divisiones al seno del Tribunal, estaba por discernirse si las autoridades electorales seguían en el camino de aplicar el nuevo modelo de comunicación política-electoral dispuesto en la reforma electoral del 2007 o cedían a las presiones. En una resolución judicial, una de las partes siempre quedará inconforme, pero esto es parte de las reglas de todo país democrático.

EFECTOS SECUNDARIOS

AUTOCENSURA. Yo no vengo a debatir pendejadas , dijo Federico Arreola antes de salir del salón A901 de la FES Acatlán de la UNAM. Apenas se había agotado el primer tercio del debate pactado por la comunidad twittera y que tuvo como coprotagonista al expanista Manuel Espino, quien sostuvo que en el plantón de AMLO, después de las elecciones presidenciales del 2006, había venezolanos infiltrados. Los productores de la transmisión de radio, Luis Becerril y César Colunga, no dejaron que el político se explayara ante el auditorio estudiantil y decidieron sacar del aire la transmisión.