Sólo uno de los precandidatos presidenciales ha tenido la audacia de revelar políticas y proyectos específicos que emprendería en caso de llegar a la Presidencia de la República. Debemos agradecérselo; es el candidato de la izquierda. Su programa económico consiste en: a) aumentar los subsidios a los combustibles automotrices e industriales, al igual que a la electricidad; b) mantener la prohibición de inversión privada en Pemex, y fusionarla con CFE en un solo monopolio estatal; c) levantar cinco nuevas refinerías; d) construir al menos dos trenes bala (entenderíamos que son trenes de alta velocidad al estilo TGV o AVE, ya que el precandidato de la izquierda ha revelado que irían a 300 kilómetros por hora ); e) eliminar el IETU; y, d) no crear nuevos impuestos.

De cualquier forma, y aunque no pueda tomarse demasiado en serio, es loable que inaugure en las campañas políticas la expresión de contenidos tangibles.

El subsidio a las gasolinas y al diésel fue de 165,000 millones de pesos en el 2011. Entonces, suponiendo que duplica el subsidio para reducir los precios de éstos, digamos, a 6 pesos por litro en promedio, y que el nivel internacional de precios se mantiene constante, durante su gobierno se destinarían unos 330,000 millones de pesos anuales a ese fin. Los subsidios a la electricidad montan aproximadamente 100,000 millones de pesos anuales. Supongamos que serían aumentados al doble, para que valga la pena, lo que ascendería a 200,000 millones de pesos anuales. Todo lo anterior, sin contabilizar los subsidios al gas natural que ha prometido a la industria.

Las refinerías cuestan alrededor de 10,000 millones de dólares cada una, o 130,000 millones de pesos. Como todo el mundo sabe, en la actualidad las refinerías no son rentables u operan con márgenes estrechísimos (el negocio es la extracción del petróleo). Por tanto, en cierta forma, podría considerarse un subsidio adicional. En total, los recursos asignados a las refinerías ascenderían a 650,000 millones de pesos, que anualizados en seis años resultan en 108,000 millones de pesos.

Por su parte, uno de los trenes bala iría de Palenque a Cancún (!) y se extendería por 742 kilómetros (evidentemente no sería rentable, y por lo tanto también podría considerarse su costo como un subsidio) e implicaría un gasto de aproximadamente 11,000 millones de dólares, o sea, 143,000 millones de pesos, de acuerdo con los costos estimados de inversión por kilómetro en trenes de alta velocidad en Japón, Francia, Alemania y España (unos 15 millones de dólares por kilómetro). El otro tren bala iría del centro al norte del país, recorriendo al menos 2,500 kilómetros y tendría un costo de 37,000 millones de dólares, equivalentes a 487,000 millones de pesos. El costo anualizado de ambos sería de 105,000 millones de pesos.

En materia fiscal, la eliminación del IETU significaría que las arcas públicas quedarían privadas de unos 60,000 millones de pesos anuales, que no serían compensados por otro impuesto en virtud de la promesa de no crear nuevos gravámenes. Tenemos entonces que el costo de la nueva política económica de la izquierda, incluyendo todos los subsidios prometidos, las cinco refinerías, los dos trenes bala, y la eliminación del IETU, equivaldría a la cifra cabalística de un poco más de 800,000 millones de pesos anuales, o 22% del gasto público total referido al 2012.

Como fuentes de financiamiento para su programa económico, el candidato de la izquierda propone reducir los salarios de los funcionarios y empleados públicos a la mitad, medidas espartanas de austeridad, y la eliminación de la corrupción y de privilegios fiscales -no ha dicho a cuáles se refiere ni cómo piensa abolirlos. Él calcula (no sabemos cómo) que le generarían los 800,000 millones de pesos necesarios. Habría que considerar también otros costos de este programa, como la depauperización del capital humano y físico del gobierno, así como de sus capacidades operativas (como ocurrió en el GDF), consecuencias regresivas sobre la distribución del ingreso e implicaciones que se anticipan desastrosas en materia de sustentabilidad y medio ambiente y sobre la competitividad del país. Esperemos qué dicen los otros contendientes.