Hace algunos años se firmó un acuerdo entre varias economías para reducir significativamente el problema de la pobreza en el mundo. Para ello, una herramienta identificada por unanimidad es la de promover el crecimiento económico más elevado, ya que si se hace siguiendo ciertas reglas, generalmente, este crecimiento promueve la generación de más y mejores empleos.

Una de estas reglas inevitablemente es la de contar con un gobierno fuerte, no grande, más eficiente y sin corrupción, que promueva la competencia, combata la concentración y las prácticas monopolísticas, elimine reglas innecesarias, combata la corrupción, facilite la apertura y operación de negocios y, en una palabra, reduzca al mínimo los costos de transacción en la economía. De no hacerlo, el resultado de promover un crecimiento más elevado sería repetir lo que hemos logrado en México en los últimos 30 años: mayor concentración, mayor desigualdad, una mayor cantidad de pobres y unos cuantos más que se suman a las filas de los ricos. Este problema no es menor y preocupa a los estrategas expertos en cuestiones de seguridad nacional en las economías avanzadas, al Papa y a algunos líderes que hoy figuran en las listas de organismos multilaterales.

La realidad nos dice que, a pesar del crecimiento que se registró antes de la crisis financiera internacional, sólo hubieron algunos resultados significativos en algunas economías, mientras que en otras, como el caso de México, no pasó nada y en otras, incluso, empeoraron.

Nos disponemos ahora a iniciar lo que el gobierno ha dado en llamar una nueva era de crecimiento y de expansión de la economía y a observar, posiblemente, la entrada de grandes flujos de inversión extranjera, aunque de seguir todo lo demás como está, el resultado final será una gran decepción para las mayorías que viven en condiciones de pobreza.

No es que se trate de resolver el problema con los programas sociales que reparten dinero, cuyos resultados son muy cuestionables, sino de avanzar en aquellos pequeños frentes en donde los logros pueden ser verdaderamente significativos. Uno de ellos es el de la transparencia en el uso de los recursos públicos y la rendición de cuentas.

Vienen algunos ejercicios electorales y en todos los estados deben empezar a preparar las baterías para el 2015, y qué mejor que recurrir a la vieja práctica de los guardaditos y la generación de rentas entre contratistas y proveedores. Hay que empezar ya.

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