Es justo ahora, en medio de la actual crisis de irritación social ante la escalada de aumentos en las gasolinas, y en consecuencia en muchos de los artículos básicos de consumo que con toda claridad aparece antes nosotros la causa profunda que provoca ese enojo. Y es que nunca como antes dos odiosos conceptos que durante décadas han vertebrado el esqueleto de nuestras desgracias económicas y sociales habían circulado con la monumentalidad que ahora lo hacen. Me refiero a la corrupción y a la impunidad, mismas que en México, como en ninguna parte del mundo, aparecen como las más destructivas hermanas gemelas.

La segunda ha prosperado monstruosamente al amparo de la primera, trayendo consigo la estruendosa debacle de la de por sí ya endeble fe ciudadana en las instituciones públicas.

Corrupción e impunidad forman parte de una lógica destructiva que opera con amplitud a todo lo ancho del modelo político nacional como un círculo vicioso. Los injustificados aumentos a los precios del diesel y las gasolinas desataron desde un principio la suspicacia de la sociedad, esto en tanto el gobierno de la República, en otro más de sus terribles episodios comunicacionales, fue incapaz de transmitir, demostrar pero sobre todo convencer a la ciudadanía de la necesidad del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios (IEPS).

Las manifestaciones demuestran para bien de la evolución política de la sociedad mexicana, que ya el gobierno no las tiene todas consigo.

Como lo menciona el historiador inglés Derek Sayer, una cosa es que la autoridad política disponga algo y otra cosa muy distinta la manera en que los grupos sociales asumirán esas disposiciones. Debemos escuchar el llamado que hacen los ciudadanos, y es que no se sienten representados por el sistema político mexicano, y a eso debemos sumarle la ineficiencia administrativa que impera en el país. Nunca como antes la inseguridad, las extorsiones, la privación de la libertad de particulares y las desapariciones forzadas habían cimbrado de manera tan grave la forma de vida de millones de mexicanos.

Ante el enconado reclamo popular surgido a nivel nacional, y más por la presión colectiva que por alguna postura de congruencia política, el presidente de México salió a anunciar un afrentoso recorte de 10% a los sueldos de funcionarios de alto nivel, amén de pronunciar aquella terrible y desafortunada expresión: ¿Qué hubieran hecho ustedes? que incendió las redes sociales a la vez que desató la ira de los líderes de opinión nacionales, dado que dejó manifiesta la candidez de un presidente que una vez más aparece ante los ojos de la ciudadanía como alguien incapaz de estar a la altura de los grandes problemas nacionales.

Está claro que los bolsillos ya no aguantan más, los gastos de una clase política faraónica, totalmente desensibilizada cuestan mucho dinero a las arcas del país. Todo para solapar a gobiernos y personajes que surgen en cada elección para más tarde ser acusados de malversación, desvío o utilización de recursos públicos en favor de sus cuentas personales o de familiares, lo que aviva el hartazgo de la sociedad debido a la irrefrenable corrupción. Es por ello que las calles se llenaron de ciudadanos que están contra la partidocracia, miles y miles de personas que no se sienten representadas por aquellos que ponen enormes cargas tributarias en los sectores más débiles, sin tocar nunca ellos sus insultantes sueldos. El mensaje ciudadano ya ha sido enviado; no sólo se trata ya del aumento en las gasolinas, sino que el enojo y la crítica se ha desplazado a todo el sistema político.

Hacer oídos sordos a ese clamor será, sin duda, el peor de los errores que quienes actualmente conducen el destino de la República podrían cometer.

Es importante destacar que estamos ante un problema sistémico, es decir, que este fenómeno tiene lugar en las instituciones, por lo que ante un problema complejo como lo es la corrupción, que se manifiesta como un fenómeno multisistemático, se deben oponer estructuras de ataque también multisistemáticas. La sociedad espera congruencia no sólo por parte de los partidos, sino también de las distintas instituciones públicas, y los diversos entes de gobierno, que muestren un dejo de solidaridad como respuesta ante un avasallamiento que nos remite a los malos días del autoritarismo, y eso no lo podemos permitir.

El autor es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara