La administración del presidente Joe Biden anunció recientemente su paquete de reformas fiscales para financiar un ambicioso programa de reactivación económica. La iniciativa denominada “The Made in America Tax Plan” no ha revelado aún los textos de las enmiendas al Código de Rentas Internas, por lo que habrá que esperar los detalles a discutirse en el Capitolio.

La propuesta —de aprobarse— incrementaría la tasa del Impuesto sobre la Renta corporativa de 21 a 28%, pero quedaría lejos de aquel 35% de donde partió Donald Trump para reducirla a su nivel actual de 21 por ciento. Esta reforma, por tanto, borraría de un plumazo el éxito legislativo más notorio de Trump, al tiempo en que reconocería que la republicana disminución impositiva no tuvo el impacto esperado en la economía estadounidense. De esta forma, Biden deberá probar que un Departamento del Tesoro demócrata es más productivo con ese dinero en las arcas nacionales que en las chequeras de las empresas.

La intención del plan es eliminar incentivos para las empresas estadounidenses de invertir fuera de EU, reducir el traslado de utilidades a otras jurisdicciones con menores impuestos, combatir la competencia fiscal indebida y otorgar estímulos fiscales a la producción de energías limpias. En pocas palabras, se busca financiar una infraestructura que genere un número significativo de empleos que ayude a cerrar la brecha entre capital y trabajo.

La iniciativa pretende un acuerdo global que empuje (presione, vamos) a otros países a implementar reglas de impuestos mínimos (como el pretendido por Biden para EU), so pena de limitar las deducciones de empresas estadounidenses pagadas a partes relacionadas en países que no adopten este formato de impuesto mínimo.

La propuesta pretende establecer —para las empresas estadounidenses— un gravamen (distinto al existente impuesto mínimo alternativo) para grandes firmas que comúnmente reportan cuantiosas utilidades financieras a sus accionistas, pero bajas utilidades al fisco americano. Este plan anuncia la eliminación de subsidios a industrias que consuman o industrialicen combustibles fósiles y, por el contrario, apoya a las empresas que utilicen tecnologías verdes, produzcan o utilicen autos eléctricos y produzcan o consuman energía solar o eólica. Por último, la iniciativa buscará reducir avenidas de evasión fiscal.

Este plan se alinea a las gestiones del G-20 y de la OCDE en la iniciativa BEPS, la cual establece una serie de acciones para inhibir la transferencia de utilidades fuera del alcance del fisco nacional para ubicarlas en una jurisdicción más amigable fiscalmente. Al hacerlo así, la iniciativa regresa a Estados Unidos a un plano de liderazgo en políticas fiscales relativas al Impuesto sobre la Renta.

Creemos que México (con una tasa corporativa de 30%) cumple, desde ahora, con los requisitos de un impuesto mínimo como el comentado, pues ya castiga —además— las deducciones a favor de empresas relacionadas que residen en países con tasas impositivas bajas. Lo que no sabemos —todavía— es si nuestro país cumplirá las exigencias de operar bajo estándares de utilización de energías limpias y de castigo a pagos a empresas que producen o consumen energías fósiles. Ya veremos si la reforma fiscal de EU no termina por cambiar la retrógrada y contaminante agenda ambiental del presidente López Obrador.

@erevillamx

Eduardo Revilla

Profesor Derecho Fiscal ITAM

Recursos Públicos

Abogado por la Escuela Libre de Derecho. Socio de Deloitte México (Impuestos y Servicios Legales). Fue Director General de Asuntos Fiscales Internacionales de la SHCP y representó a la dependencia en foros y organismos internacionales. Ha sido profesor de Derecho Fiscal por más de 30 años en diversas universidades.

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