El ahorro que propone Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la reducción de salarios de la alta burocracia es disminuir a la mitad los sueldos de los altos funcionarios públicos, aquellos que ganan más de 1 millón de pesos anuales. Se trata de una disminución progresiva y proporcional de jefe de departamento hacia arriba. La escala progresiva significa que los recortes serán moderados en niveles de mandos medios e irán subiendo conforme se incrementen los sueldos. Por ejemplo, el presidente, los secretarios, los ministros, diputados, senadores y magistrados del Poder Judicial, que reciben más de 220,000 pesos mensuales, obtendrán 110,000 pesos como sueldo neto, y nadie ganará más de esa cantidad.

Partimos del criterio de que los altos funcionarios públicos en nuestro país ganan demasiado o, dicho de otra forma, los sueldos del gobierno están inflados en los niveles más altos. La burocracia dorada en nuestro país se distingue por ser la que más gana en el mundo, por consumir la mayor cantidad de presupuesto y por devengar sueldos superiores a los recibidos por los empleados del sector privado.

En el 2016, en el gobierno estadounidense sólo el presidente Barack Obama ganaba más que los altos funcionarios públicos de México; pero los ministros de la Suprema Corte, los consejeros de la Judicatura y el presidente del Tribunal Federal Electoral de nuestro país tenían percepciones mayores que las de los presidentes o primeros ministros de Canadá, Alemania, Suecia, el Reino Unido, Japón, Sudáfrica, Chile, Brasil o Italia.

Según datos oficiales, los altos sueldos de los funcionarios públicos mencionados superan los 220,000 pesos.

Pero además de las percepciones salariales propiamente dichas, la élite burocrática del país goza de servicios médicos privados y algunos de sus integrantes se pagan hasta cirugías plásticas con cargo al erario público; tienen fondos especiales de retiro, así como créditos baratos para adquirir casas y automóviles. Paradójicamente, se han pretendido justificar los elevados sueldos con el pretexto de que retribuirlos con semejante exceso los convertirá en incorruptibles, cuando sucede justo lo contrario. En un país donde la inmensa mayoría de la población sobrevive en la pobreza, el que alguien acepte ganar en el servicio público esas cantidades de dinero y contar con otros privilegios es una inobjetable muestra de nuestra deshonestidad, de acuerdo con AMLO.

El mito de que los directivos del sector privado ganan más que los funcionarios públicos es absolutamente falso. Los gerentes de Sanborns, Coca-Cola, Bimbo, así como los bancos y centros comerciales, reciben menos de la mitad de lo que gana un secretario de gabinete y tres veces menos de lo que obtienen los ministros de la Suprema Corte. En el 2010, la remuneración media del sector público fue de 23,456 pesos, mientras que el salario medio en asegurados del IMSS fue apenas de 6,888 pesos mensuales. Ese mismo año, la Cámara Americana de Comercio aplicó una encuesta en las empresas privadas y descubrió que el ingreso mensual de un director general era de 89,808 pesos, en tanto que en el gobierno federal un funcionario de ese mismo nivel percibía 143,297 pesos.

Así pues, con el solo hecho de reducir a la mitad la nómina de los servidores públicos de cúpula se obtendría un ahorro de alrededor de 70,360 millones de pesos. Pero esta medida no será suficiente si no se termina con la discrecionalidad y opacidad que existe en la contratación de trabajadores eventuales y por honorarios, toda vez que la Federación no informa de todas estas plazas ni a cuánto asciende la totalidad de todas esas plazas. (...) Según cálculos conservadores, con un buen manejo de la nómina de honorarios y eventuales, pueden ahorrarse 7,619 millones de pesos.

AMLO propone un nuevo diseño y funcionamiento del gobierno con prioridad en los proyectos estratégicos para el desarrollo. Se evitarán la duplicidad de funciones, la dispersión y los programas sólo de carácter testimonial y de poco impacto en la economía y el bienestar del pueblo. En otras palabras, desaparecerán cargos y áreas administrativas no fundamentales. El plan de austeridad incluye la cancelación de los cargos de secretarios privados o equivalentes, las plazas de confianza de director general adjunto, las escoltas, etc. El Estado Mayor Presidencial se incorporará al ejército. La reestructuración propuesta permitirá ahorrar 13,878 millones de pesos.

[1] Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y la UP y socio del área de competencia y consumidores del despacho Jalife Caballero.