Tras una lectura desapasionada del libro 2018 La salida, decadencia y renacimiento de México, de Andrés Manuel López Obrador, deseo dedicar el comentario de algunos artículos al análisis de este interesante libro, toda vez que ha sido un autor denostado más que leído, y ofrece una visión mucho más realista y completa que la que llevó cuando publicara Un proyecto alternativo de nación, que pretendía centrar el desarrollo nacional en el petróleo, ahora imposible, y estaba basado en cifras irreales comparados con éste.

El libro no ceja en denunciar la corrupción -especialmente priista y de sus lacayos- en la economía, específicamente en el petróleo, la energía eléctrica y sinnúmero de licitaciones. Al margen de su forma de disminuir la corrupción en México, en eso no se aleja de las preocupaciones de Amnistía Internacional, México, ¿cómo vamos? o el Imco. Es consciente y cuenta con las cifras económicas que México ahorraría si lograra un auténtico combate a la corrupción, que, de lograrse, no sería poco.

Aplica después las reglas de la austeridad republicana, pretendiendo reducir los salarios de los altos funcionarios proporcionalmente, haciendo cálculos de ahorros austeros, en los que no proporciona cualquier cifra, sino que las contrasta con el presupuesto de egresos para obtener ahorros realistas.

El presupuesto aprobado para el 2017 fue de 4.9 billones; de ese monto, el gasto no programable ascendió a 1 billón 338,000 millones (27%) y el gasto programable, a 3 billones 550,000 millones de pesos (73%); el gasto no programable se integra básicamente por dos rubros: el pago de los intereses de la deuda pública, que absorbe 43%, y las participaciones de recursos a entidades federativas, que representan 55 por ciento. Estos dos ramos no suman 100%, porque hay un pequeño porcentaje registrado como adeudos de ejercicios anteriores que implica alrededor de 2 por ciento. Por su parte, el gasto programable se compone de gasto corriente, que consume 84% y el llamado gasto de inversión, al que se destina 16 por ciento.

El plan de ahorro y reasignación presupuestal implica liberar el gasto no programable 5,500 millones de pesos del costo financiero de la deuda; asimismo, se propone reorientar 357,000 millones de pesos del gasto corriente, esto es, ahorrar 12 por ciento. La aplicación de esta fórmula permitiría incrementar a AMLO la inversión gubernamental de 585,399 millones de pesos a 947,064, o sea, 62 por ciento. Para liberar y reasignar partidas del presupuesto, comenzando por un ahorro de 5,000 millones de pesos, se utilizan varios instrumentos y criterios. Ejemplos:

El gobierno tendrá el compromiso de fortalecer la política financiera al no incurrir en déficit, porque no se gastará más de lo presupuestado ni se aumentará la deuda en términos reales, lo que contrasta con el sobreejercicio de 600,000 millones de dólares del gobierno de Peña.

La reducción que propone es bastante conservadora, en el entendido de que a septiembre del 2016 la deuda pública del sector público presupuestario fue de 9 billones 211,000 millones de pesos, y consumirá cerca de 480,000 millones de pesos por concepto de intereses, comisiones y gastos de la deuda al cierre del año. En el plan oficial del 2017 se destinan a este rubro 568,000 millones de pesos.

Se procurará que en todo el proceso de reestructuración de la deuda federal participe lo más activamente posible en su papel de agente financiero y asesor del gobierno federal el Banco de México.

Esta institución siempre será consultada para evitar que las inversiones públicas y otros factores como los incrementos salariales desaten la inflación.

Hasta aquí, cifras sensatas y proyectos realizables. Seguiremos comentando.

*Máster y Doctor en Derecho de la competencia, profesor investigador de la UAEM y socio del área de competencia, protección de datos y consumidores del despacho Jalife& Caballero.