El viernes pasado, el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray, dio a conocer un paquete de medidas denominado Medidas de responsabilidad fiscal para mantener la estabilidad . Destaca una reducción en el gasto de la administración pública federal por un monto de 124,300 millones de pesos, que equivale a 0.07% del PIB, de los cuales, 72,000 millones de pesos corresponden a ajustes en el gasto de Pemex y la CFE. El resto, 52,300 millones de pesos, provienen de ajustes que estarán a cargo de la administración pública centralizada (APC).

Del ajuste en el gasto de la APC, estos últimos, 65%, son ajustes vía disminuciones en el gasto corriente y el restante 35% vía una disminución en el gasto de inversión. En este último caso, ello significa una reducción de 18,100 millones de pesos. Dentro de este esfuerzo de reducción del gasto de inversión se encuentran -como ya ha sido ampliamente difundido- los proyectos del tren transpeninsular y el tren rápido México-Querétaro.

Una parte central del anuncio de la SHCP es la reingeniería del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2016, de manera tal que se elabore lo que se conoce como un presupuesto base cero, en el que necesariamente se deberán revisar y racionalizar aquellas actividades o gastos que se dupliquen. Se trata de quitarle el carácter inercial a la elaboración del presupuesto, carácter que ha tenido ya por muchos años.

La razón de este importante ajuste es el deterioro en el entorno financiero internacional, sobre todo con posterioridad a la aprobación del paquete económico para el presente ejercicio. Por un lado está la política monetaria en Estados Unidos, que ante los signos sólidos de crecimiento de esa economía, permite anticipar una inminente alza en las tasas de interés en ese país, particularmente hacia el mes de junio, lo que introduce volatilidad a los mercados cambiarios a nivel internacional. A ello hay que agregar una especie de asincronía o divergencia entre las políticas monetarias de Estados Unidos y Reino Unido, por un lado, y la política monetaria de los demás países europeos y Japón, por el otro, lo que sin duda genera incertidumbre en los mercados financieros.

En forma paralela, el precio del petróleo ha sufrido una importante disminución entre el momento en que se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el presente ejercicio y disminución que se estima en cerca de 48 por ciento. Se trata de un ajuste que para efectos de planeación debe considerarse como un ajuste de largo plazo, lo que significa que no podemos esperar que el precio de este importante commodity se recupere en el corto plazo a los niveles observados en la última década.

El ajuste propuesto por la SHCP es más que oportuno. Significa un esfuerzo para ajustar los programas del gobierno, de manera tal que se gaste mejor y haya estabilidad, un objetivo que anhela cualquier gobierno que se precie de ser responsable. Es un esfuerzo que reconoce el efecto de largo plazo de la reducción en los precios del petróleo y que se anticipa a los movimientos en la política monetaria en Estados Unidos. Ello nos permitirá aprovechar mejor la fase expansiva de la economía de ese país, en un entorno de volatilidad financiera.

En el IFT

Preocupa la forma en que los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) interpretan lo dispuesto en el artículo 267 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pues al menos en su sesión de pleno del 15 de octubre del 2014, autorizaron tarifas al preponderante sin que se cumpliera a la letra lo que dispone dicho artículo. La versión estenográfica da cuenta plena de su extravío.

*El autor es senador de la República.