El viernes pasado en la Convención Nacional Bancaria, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, refirió acertadamente que, si México quiere consolidar su crecimiento, es vital fortalecer el Estado de derecho, es decir, que las leyes regulen nuestra conducta en sociedad y que la justicia se imponga sobre las ambiciones individuales. Esto podría parecernos una utopía; sin embargo, en países como Finlandia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Holanda, Alemania, Austria y Canadá, entre otros, es una realidad.

En México, se cree que las leyes son partícipes de las penalidades del país; la realidad es que tenemos un sistema jurídico ejemplar. Nuestra Constitución, aun con todas las reformas que le han realizado, ha estado considerada como una de las mejores del mundo. Nuestras leyes civiles, penales y laborales, por mencionar algunas, han sido constantemente modernizadas, aun así, hablamos de la urgente necesidad de fortalecer el Estado de derecho. Esto es consecuencia de que quienes tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la ley prefieren corromperla para beneficio propio.

Los mexicanos, hoy como nunca antes, desconfiamos de nuestras instituciones, sin asumir que las conforman mexicanos igual que nosotros, es decir, parte de nuestra sociedad. Nuestras comunidades son la cantera de donde surgen los servidores públicos; somos nosotros mismos. Por ello, más que vivir con desconfianza, debemos asumir la inaplazable necesidad de transformarnos, aprender a respetar y hacer respetar la ley y formar en nuestros hogares seres que comprendan que el Estado de derecho vive en cada uno de nosotros y sólo podemos consolidarlo colectivamente.

Quien vaya a ser el próximo presidente de la República tiene una brecha de oportunidad si decide emprender una campaña permanente en la que involucre a los medios de comunicación, para que en su programación incluyan contenido que motive el respeto a las leyes y la educación con valores en el seno familiar; una gran campaña donde coadyuven líderes de opinión, influencers, fundaciones, asociaciones civiles, sindicatos, legisladores y, sobre todo, gobiernos estatales y municipales. El siguiente mandato federal está en posibilidad de unirnos para iniciar una cruzada a favor del respeto a la ley e inducirnos a transitar de un país donde no sucede nada a un país en el que la impunidad sea objeto del pasado.

En dicho evento, el candidato Meade también mencionó que, de ganar las elecciones, dará plena autonomía y libertad al Ministerio Público, con lo cual seguramente no soslaya que se trata de una de las instituciones más desprestigiadas.

Recordemos que existen fiscalías en todas las entidades federativas, además de la federal, y demandan sangre nueva. Es indispensable voltear a ver a nuestros jóvenes, poner en manos de hombres y mujeres idealistas la procuración de justicia en este país, para que impregnen con su misticismo a esas instituciones donde tanta falta hace una sonrisa amable y que las víctimas de los delitos sean atendidas con la eficiencia y la calidad que merecen. Es verdad que existen múltiples carencias y faltan recursos, pero eso no justifica la ausencia de talento, amabilidad, vocación y amor al servicio público.

Los jóvenes profesionistas están ahí, aguardando; han egresado de las universidades y esperan una oportunidad. Seguramente, si depositamos en ellos nuestra confianza, demostrarán que pueden hacerlo mejor que muchos que llevan años sentados en sus mismos vicios. Para eso, actualmente, disponemos de evaluaciones y exámenes de control de confianza. ¡Busquemos a los mejores! Lo único que hace falta es decisión. ¡Hagamos que suceda!

@Ernesto_Millan

Ernesto Millán

Columnista

Molinos de Viento

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México. Maestro en Dirección y Gestión Pública Local por la Unión Iberoamericana de Municipalistas. Ha ocupado diferentes cargos en gobierno federal, estatal y municipal por más de 20 años. Es Secretario Técnico del Consejo Consultivo de la Federación Nacional de Municipios de México (Fenamm) y Consejero Jurídico de la Comisión Unidos Contra la Trata A.C.