Impedir que el dinero y la influencia del crimen organizado llegue a las campañas electorales y a los partidos, es una añeja preocupación del Estado y de la clase política mexicana, al menos desde la reforma política impulsada en 1996-1997 durante el gobierno de Ernesto Zedillo.

Fue cuando se justificó la apuesta por un costoso financiamiento público a los partidos para evitar que dinero del narcotráfico penetrara al sistema político, pagando campañas y dando dinero directamente a los candidatos.

Pero malas noticias. El dinero de la delincuencia organizad aya está metida hasta la cocina del sistema político.

Y no hay que esperar a que termine la actual contienda electoral federal y las concurrentes que se llevarán a cabo en quince estados del país, para confirmar que el narco ya está presente en las campañas y está influyendo en los comicios en curso.

De hecho está decidiendo candidaturas en varias partes de la república. El Movimiento Progresista presentó una denuncia ante la Secretaría de Gobernación en la cual documentaba al menos trece casos en donde candidatos de la coalición han sido amenazados o levantados por miembros de la delincuencia organizada para obligarlos o no presentarse a una candidatura. Tales amenazas han ocurrido en Quintana Roo donde se secuestró a un familiar cercano a un candidato para obligarlo a dejar la contienda. En Guerrero dos candidatos están desparecieron tras amenazas de secuestro, y en Acapulco un aspirante sacó a su familia de la entidad. En Durango, Tamaulipas y Nuevo León, varios candidatos fueron amenazados si se inscribían en la contienda. Morelos y Jalisco forman parte de esta geografía de las amenazas del narco en contra de aspirantes a una candidatura.

El colmo de estas amenazas es la exigencia de bandas del crimen organizado en Nuevo León para que los candidatos pagaran derecho de piso a fin de no bloquear sus mítines ( Impacta acoso a 13 candidatos , Mural, 28 marzo 2012).

Además, en el caso de Jalisco existe una denuncia de un caso extremadamente grave que no ha tenido las repercusiones que debería. El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Sergio Chávez Dávalos, fue levantado la noche del miércoles 8 de febrero para impedir que se registrara como candidato a alcalde de Tonalá (municipio de la zona metropolitana de Guadalajara), según admitió el mismo un mes después de que ocurrieron los hechos en el programa Cosa Pública.

Tras admitir su levantón, el diputado local declaró que no iba a presentar denuncia por el hecho, debido a las amenazas de que podrían actuar en contra de su familia. Hablamos de un diputado local, que goza de fuero y ciertas relaciones para presentar su denuncia. Nada de eso valió debido a las amenazas. En otro municipio del sur de Jalisco, uno de los políticos más preparados de la localidad, recibió la advertencia de que no se registrara o de lo contrario lastimarían a su familia.

Como puede verse en esta incompleta geografía de amenazas, el riesgo de que el narco se infiltre en las campañas ya se convirtió en realidad. Por la vía de los hechos, mediante amenazas o componendas, en realidad ya influyeron en quienes se presentarán como candidatos en la mayoría de estados del país y en cientos de municipios.

¿Qué tipo de representantes populares saldrán de estas elecciones intervenidas?

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